Al mediodía de un lunes invernal de febrero, decenas de vehículos hacen fila en una amplia estación de servicio ubicada en la zona industrial de Alcobendas, un municipio de clase media-alta al noreste de Madrid. El logo y los clásicos colores de Repsol, la principal petrolera de España, se dejan ver en cada uno de los voladizos que cubren las islas de surtidores. A los lados, en el mismo terreno, se encuentran un autolavado y una tienda con un cartel que dice: Inversiones, Oportunidades y Negocios.
José Bautista y otros autores
Se trata de una empresa registrada en octubre de 2012 por un venezolano de 53 años de edad, Luis Alfredo Campos Cabello, primo de Diosdado Cabello Rondón, desde hace tiempo considerado el número dos del chavismo, quien fue vicepresidente de la República y varias veces ministro, y en la actualidad se desempeña como vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y diputado de la Asamblea Nacional. Cabello Rondón ha convertido su maratónico programa de los miércoles en la en la televisión estatal, Con el mazo dando, en una fuente de primicias sobre el rumbo que el gobierno chavista se apresta a adoptar en diversas materias.
Esta no es la única compañía de Campos Cabello en la capital española. Un año antes, en mayo de 2011, se convirtió en administrador único de Bengoechea Inversiones y Patrimonios, SL, dedicada a la compra-venta de bienes muebles y la asesoría empresarial. Y en abril de 2012 asumió el cargo de presidente de una empresa de almacenaje y custodia de maquinarias, llamada Depósito y Stockage Jj, SL.
Las tres empresas se han mantenido activas en la última década, a pesar de que sobre ellas recaen denuncias de la Fiscalía venezolana que las vinculan con supuestas operaciones de lavado de dinero.
En julio de 2017, poco antes de que la írrita Asamblea Constituyente de ese año la destituyera, Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General de Chávez entre 2007 y 2017, pero hoy disidente desde su exilio en España, denunció que las empresas españolas de Campos Cabello se usaron para canalizar decenas de millones de dólares en sobornos que la constructora brasileña Odebrecht habría pagado a Diosdado Cabello Rondón, cuando era ministro de Obras Públicas y Viviendas (Mopvi) entre 2009 y 2010, y al hoy dueño de la gasolinera en Madrid, Luis Alfredo Campos Cabello, su primo, que en simultáneo se desempeñaba como director de despacho de ese mismo ministerio. La denuncia de Ortega Diaz se sustentó en la documentación hallada durante el allanamiento de las oficinas de Odebrecht en Caracas, en febrero de 2017, y su posterior análisis por parte de funcionarios de la Fiscalía venezolana.
En su cargo al frente del despacho de Obras Públicas, Diosdado Cabello tuvo un rol determinante en las contrataciones con Odebrecht, una compañía de ingeniería civil e infraestructura ya desaparecida que protagonizó uno de los casos de corrupción y sobornos más grandes de América Latina, conocido como Lava Jato.
En un período de un poco más de un año, del 4 de junio de 2009 al 15 de junio de 2010, Cabello Rondón firmó dos addenda del contrato para la construcción del tercer puente sobre el río Orinoco, que se iba a llamar Puente Mercosur y debía conectar las riberas norte y sur del cauce, entre las poblaciones de Cabruta (estado Guárico) y Caicara del Orinoco (estado Bolívar).
El efecto neto de ambos addenda suscritos por Diosdado Cabello fue un incremento colosal del presupuesto por de 991 millones de dólares asignado inicialmente a la obra. Los dos aumentos aprobados por Cabello sumaron casi 953 millones de dólares adicionales, según los documentos obtenidos por el Ministerio Público venezolano. Esos dos recargos, junto a dos más -uno anterior y uno posterior- que otros funcionarios firmaron, al final triplicaron el precio de la construcción, hasta llevarlo a 3.117 millones de dólares. Aún así, el puente no se completó.
Los fiscales también encontraron que, en esas consecutivas adiciones milmillonarias al presupuesto, unos 157 millones de dólares en recargos carecían de soportes que los justificaran. A partir de allí concluyeron que esa cantidad correspondía a los fondos que presuntamente habrían sido canalizados hacia las empresas en España de su primo, Luis Alfredo Campos Cabello.
Tras obtener acceso a documentos mercantiles y de contrataciones en España y Venezuela, así como a informes de la Fiscalía venezolana, que los reporteros de Armando.info revisaron, y entrevistas con varias fuentes conocedoras de la investigación que se adelantó en Venezuela, este reportaje verifica que la creación de las empresas en Madrid, con capitales desconocidos, tuvo por protagonistas a familiares y socios allegados de Cabello Rondón que ya trabajaban juntos en Venezuela en otra compañía llamada TSE Arietis, registrada en 2007 por Campos Cabello y que prestó servicios tanto a Odebrecht como a la petrolera estatal venezolana Pdvsa. También se pudo confirmar que, al mismo tiempo, mientras Campos Cabello se convertía en administrador de las tres empresas en Madrid, en Venezuela recibía pagos de la constructora brasileña a través de TSE Arietis, una de las contratistas de Odebrecht en la construcción del Metro de Los Teques, capital del estado Miranda, al suroeste de Caracas.
Así mismo, quedó confirmado que este grupo de parientes y allegados consiguió registrar y dirigir siete empresas en España, cuatro de ellas relacionadas con directivos de TSE Arietis y tres vinculadas directamente con Campos Cabello, que se mantienen operativas desde hace más de una década.
Además, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía Anticorrupción de España que aceptaron hablar con los reporteros de Armando.info bajo el resguardo de su identidad, altos cargos de la Justicia española habrían puesto impedimentos para continuar y profundizar las investigaciones sobre posibles delitos y hechos de corrupción que involucran a ciudadanos venezolanos con actividad y presencia en Madrid.
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