Los presos en las cárceles de Venezuela y en los llamados Centros de Detención Preventiva (CDP), que son pequeñas cárceles con infinidades de carencias y condiciones infrahumanas, tienen 25 años esperando un cambio, mejoras que garanticen el debido proceso, sentencias en los tiempos establecidos y condiciones que permitan que el privado de libertad pague su condena en un sitio que le permita reinsertarse en la sociedad.
Por Irene Revilla // Corresponsalía lapatilla.com
Pese a que han sido años de lucha de familiares y de los propios privados de libertad con huelgas de hambre y sangre, no han logrado más que pequeñas medidas que ejecutan durante los primeros días, pero después las autoridades se olvidan y los problemas siguen en aumento.
El próximo 26 de julio se cumplen 13 años de la creación del Ministerio el Poder Popular para el Servicio Penitenciario, que supuestamente se creó para resolver los problemas de hacinamiento, retardo procesal, insalubridad y hasta la delincuencia dentro de los penales venezolanos, pero la situación no ha mejorado.
Humberto Prado, director general de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, refiere que tras el cierre de siete cárceles en el país, el hacinamiento ha aumentado y los presos no han sido trasladados a centros penitenciarios cerca de sus hogares, según era el plan; al contrario, las causas están separadas y se hace engorroso y casi imposible reunir a todos los involucrados cuando tienen audiencias.
“Estamos esperando el plan del nuevo ministro Julio García Zerpa, que lo nombraron en medio de la huelga de hambre. Todavía no ha dado un plan de cómo se van a atender todas las solicitudes que han hecho los privados de libertad y sus familiares. Por ejemplo, cuando cerraron las siete cárceles para acabar con los pranes, prometió un recinto en Zulia y todavía no han hecho nada. Con esto pretendían llevar a los privados de libertad cerca de sus familiares y de los tribunales donde les toca sus audiencias, pero la verdad es que cada vez están más lejos de eso”.
Aseguró que el Estado no cumple con la reinserción de los presos a la sociedad. Los calabozos policiales están llenos de necesidades, donde hay muchos presos en pequeños espacios, con excesivo tiempo de ocio y las cárceles bajo estas condiciones se convierten en “universidades del delito”.
Problemas en aumento
En junio de este año, los privados de libertad hicieron una huelga de hambre que se extendió por seis días, según Carlos Nieto, director general de Una Ventana a la Libertad, una ONG que hace seguimiento a las cárceles y los Centros de Detención Preventiva en el país.
Expresó que en, al menos, 51 de los recintos penitenciarios en el país se unieron a la huelga de hambre para exigir, entre otras peticiones, acabar con el retardo procesal y que se respete el debido proceso.
La huelga duró seis días y se fue levantando progresivamente. Aunque durante los primeros días se trasladaron presos para revisar expedientes y se han realizado jornada, hay mucha desconfianza en los familiares y detenidos porque en otras oportunidades han prometido soluciones y no han cumplido.
Nieto dijo que el Ministerio de Servicios Penitenciarios solo informó que se ha acercado a distintas cárceles para empezar con los procedimientos en tribunales, procesar libertades según lo estipulado en la ley y reunirse con los familiares.
En los Centros de Detención Preventiva persiste el hacinamiento, enfermedades como tuberculosis, gripes, infecciones de la piel y otras que se propagan por las condiciones de insalubridad. No tienen baños, orinan y defecan en bolsas, potes o huecos en la tierra. Algunos CDP no tienen acceso al agua con regularidad, como los ubicados en Zulia.
Familiares también protestan
En varios estados del país, los parientes de los presos se unieron a las huelgas en las afueras de los tribunales penales, como en el caso de Falcón.
Exigieron ser escuchados, ya que la vida de los reos estaba en peligro, porque además de estar en condiciones infrahumanas, una huelga de hambre para llamar la atención del Gobierno Nacional, los situaba en un extremo estado de vulnerabilidad.
Orelis Benítez, familiar de un privado de libertad en Falcón, dijo que los problemas son muchos: en primer lugar, los falsos procedimientos donde detienen a personas que llegan del extranjero con un poco de dinero para invertir en el país, y como se niegan a pagar vacunas, les siembran drogas; en segundo lugar, las condiciones que existen en los centros de detención. “Son hasta 70 personas en un cuartico, pasando hambre, calor y necesidad. Se enferman porque hay contagios, se enferma uno y cae el otro”.
A esto se suma que el familiar tiene que pagar por todo, incluso, hasta para pasarle un medicamento o la gasolina para que lo trasladen el día de la audiencia. “Hay detenidos que ya tienen hasta 40 audiencias suspendidas, porque la juez no llega o el fiscal tampoco. Necesitamos que se acabe con el retardo procesal, nuestras familias están pasando muchas necesidades y nadie nos da respuesta. Ya estamos cansados”.
Lapatilla.com tuvo contacto con varios privados de libertad de la Comunidad Penitenciaria de Coro, donde la huelga de hambre transcurrió sin mayores inconvenientes. Los detenidos piden que revisen las causas y se les otorgue medidas a aquellos que puedan optar a estas, ya que hay casos de detenidos que tienen hasta tres años en juicio y no han dado la sentencia final.
“Nosotros queremos que las cosas avancen, no queremos que sigan evadiendo las audiencias, queremos que hayan jueces, fiscales y personal que haga su trabajo, que vayan a las audiencias y que nos atiendan cuando es debido. Nadie está diciendo que no queremos pagar lo que nos toca, pero que se dicten sentencias, que se atiendan los casos. Vemos cómo pasan los años y ni siquiera nos han dicho si somos culpables o no. Vivimos en un país donde no se respetan las leyes”, dijo un privado de libertad.
Otro privado de libertad en la Policía municipal de Carirubana, también en el estado Falcón, donde los presos denunciaron que fueron golpeados por los policías durante la huelga de hambre, se pregunta por qué los presos en Falcón aún están en hacinamiento cuando hay una cárcel en la capital falconiana a la que llevan a privados de libertad de otros estados mientras ellos están “como sardinas en lata. El hacinamiento nos está matando y nadie hace nada”, dijo.
Las peticiones de los privados de libertad son las siguientes:
– Revisar casos de redenciones y medidas humanitarias
-Atender el retardo procesal
-Facilitar jornadas de salud en los recintos que fungen como CDP donde hay más enfermedades
-Atender el hacinamiento
– Investigar policías dedicadas a la extorsión y donde hay gran número de privados de libertad inocentes
-Trasladar a los privados de libertad con sus causas a recintos cercanos a sus tribunales para facilitar los traslados
-Mejorar las condiciones de salubridad de los CDP
¿Hay respuestas del chavismo?
El Ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, ha dicho en sus redes sociales que atenderá los temas asociados a las redenciones de penas y se harán jornadas para atender a los privados de libertad.
Según las cifras oficiales, en el país hay 44 centros penitenciarios y al menos unos 54.000 presos. A una semana de haber culminado la huelga nacional, no se ha ofrecido un balance sobre la situación ni de las jornadas que han hecho en los estados.