Diana Aleman cayó desde el tercer piso del hospital María Auxiliadora tras enviar un mensaje a su pareja. Tres organizaciones buscan que CEDAW declare la responsabilidad internacional del Estado peruano por violencia en los servicios de salud
Tres organizaciones buscan que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas declare la responsabilidad internacional del Estado peruano por la muerte de Diana Aleman, una migrante venezolana que, en julio de 2020 y en plena emergencia sanitaria, intentó huir de un hospital limeño tras ser informada de que sería denunciada por presentar un aborto incompleto.
“Mi vida, estos doctores van a llamar al serenazgo. Necesito que me ayudes”, fue el último mensaje que envió por Messenger a su pareja, Eudomar Gonzales. La comunicación se realizó desde el celular de otra paciente, quien luego informó a la familia que la joven, migrante en condición irregular y madre de dos hijas, se veía desesperada al punto que una enfermera tuvo que calmarla.
Tras varias horas y cumplidas las exigencias, recibió atención por su emergencia obstétrica. Mientras se recuperaba del legrado uterino, le informaron que sería denunciada. Entonces, intentó escapar por la ventana y falleció al caer desde ese tercer piso.
Reiterados informes del relator especial sobre la tortura de Naciones Unidas han encontrado preocupante que la asistencia médica posterior al aborto se vea limitada o condicionada por el intento de obtener confesiones o “imponer un castigo” a las mujeres. Diana tenía motivos legítimos para temer ser apresada: en el país el aborto es sancionado penalmente, con excepción de la interrupción terapéutica del embarazo, que, sin embargo, aún es objeto de sanción social y de trabas en los servicios de salud.
Solo en 2020, cuando ocurrió su deceso, 85 personas fueron detenidas por delitos de aborto en todo el país, según Salud con Lupa. La cifra supera a las de años anteriores. Entre 2015 y 2020, se registró un total de 435 detenciones; 221 correspondientes a mujeres. El rango de edad más común de las personas detenidas fue de 18 a 27 años. El portal especializado intentó obtener una entrevista con el hospital María Auxiliadora, pero el Ministerio de Salud no autorizó la solicitud ni respondió a los intentos de comunicación.