Defensores de los inmigrantes y líderes empresariales estadounidenses calificaron unánimemente este jueves de “un gran paso hacia adelante” el anuncio del presidente Biden de facilitar el acceso a la residencia permanente y ciudadanía a millares de inmigrantes indocumentados casados con estadounidenses.
“Es el paso adelante más positivo en al menos una década” en materia migratoria, dijo hoy en una videoconferencia Todd Schultz, presidente de FWD.us, una organización que trabaja en política de inmigración y justicia penal.
Los seis participantes en la reunión aplaudieron las acciones ejecutivas anunciadas la semana pasada por Biden que otorgan permiso de trabajo y un estatus legal a cerca de 550.000 cónyuges.
Calificaron de “sentido común y buenas para las familias y los negocios”.
Ashley DeAzevedo, presidenta de American Families United, relató su caso particular como ciudadana estadounidense casada desde hace 12 años con un inmigrante indocumentado brasileño que nunca pudo ajustar su estatus y “lleva años viviendo en las sombras”.
Antes que salir del país, “quedarse atrapado por seguir el proceso” y no poder regresar con su familia en al menos diez años, según les dijo el abogado, tomaron la decisión “realmente difícil” de que su marido se quedara en EE.UU., aunque fuese “como ciudadano de segunda clase”.
Mantener a las familias unidas
El programa que favorecería a la pareja se apoya en una figura legal conocida como “parole”, que otorga a indocumentados que ya están en territorio estadounidense protección frente a la deportación y les posibilita aplicar a un permiso de trabajo.
Pero lo más importante es que la iniciativa “establece una excepción” a la regla que permite tramitar dentro de EE.UU. una solicitud de residencia permanente por estar casado con un ciudadano estadounidense solo si se ha entrado de forma legal o se está amparado por la Ley 245I.
No obstante, no todos los indocumentados cónyuges de ciudadanos estadounidenses calificarán. El programa anunciado exige que el solicitante debe haber vivido en el país un mínimo de 10 años y estar casado antes del 17 de junio de 2024.
Grave escasez de mano de obra
Para Peter Guzmán, presidente de la Cámara de Comercio Latina de Nevada, este programa resulta vital, entre otras razones, por la “necesidad desesperada de los empleadores” de conseguir mano de obra.
“Simplemente no hay suficientes trabajadores, Si todos los que están desempleados consiguieran un trabajo, todavía habría 3,5 millones de puestos vacantes”, aseveró Guzmán, quien recordó que en Las Vegas, por ejemplo, “los hoteles y casinos no podrían abrir sin trabajadores inmigrantes”.
Guzmán criticó la incapacidad del Congreso de EE.UU. de abordar de una vez una reforma migratoria integral. Necesitamos una reforma migratoria integral. Cualquiera que lo niegue simplemente no vive en la realidad”, dijo.
Al igual que los demás, Guzmán aplaudió el anunciado programa por ser un “gran paso para evitar romper familias y dar dignidad a aquellos que ya están aquí trabajando duro y sin cometer delitos”.
“Esto ya es económicamente vital. Tenemos una enorme escasez de mano de obra y tenemos gente que quiere trabajar”, dijo, por su parte John Graham, presidente y gerente general de la compañía Sunbelt Holdings, en Arizona.
Para John Oswald, de Mills Manufacturing, contratista principal para el Ejército de EE.UU., el cambio anunciado es un paso adelante “muy positivo” que debería marcar el camino de los republicanos como a los demócratas para aprobar “cambios más positivos en el frente de la inmigración”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calcula que más de 500.000 adultos y unos 50.000 menores podrán solicitar este permiso. La mayoría son de nacionalidad mexicana o centroamericana.
No obstante, la iniciativa ha desencadenado una cascada de críticas por parte de los republicanos. La organización America First Legal, que preside Stephen Miller, el ideólogo de la política migratoria durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021), dijo que buscará tumbar el programa en la corte. EFE