El uso sistemático y generalizado de la violencia sexual contra mujeres jóvenes – así como también contra niñas, adultas e incluso hombres- , es uno los aspectos más aberrantes del ataque de Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel. Esa mañana, 1.200 personas fueron asesinadas brutalmente -en su gran mayoría civiles -, y 254 ciudadanos israelíes y extranjeros llevados a la Franja de Gaza, como rehenes. Había hombres y mujeres de todas las edades, niños, e incluso un bebé de origen argentino, Kfir Bibas de 9 meses cuando fue secuestrado junto con su mamá Shiri, y su hermanito Ariel Bibas, de 4 años. Los tres están entre los 120 secuestrados que aún permanecen en Gaza, en manos del grupo extremista palestino Hamás.
Mariel Fitz Patrick
A medida que pasaron los días, empezaron a conocerse cada vez más casos de violaciones de mujeres perpetradas por los terroristas ese 7 de octubre. Muchas de ellas fueron violentadas estando ya heridas, o fueron víctimas de lesiones adicionales durante la agresión sexual, antes de terminar asesinadas. En todos los casos, fueron elegidas como blanco por su condición de judías.
La violencia sexual usada como arma de guerra está específicamente definida como un crimen prohibido por el Estatuto de Roma firmado en 1998, que estableció la competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar estos delitos. El 19 de junio, se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en Conflictos, instaurado por la ONU en 2015, para concientizar sobre la necesidad de eliminar esta práctica en los enfrentamientos armados. Sin embargo, pese a los numerosos testimonios y evidencia conocida a partir del 7 de octubre que daban cuenta de atrocidades contra mujeres basadas en el género, no hubo una ola de repudio generalizado por parte de organizaciones vinculadas a los derechos de la mujer.
Recién casi dos meses después del ataque, la ONU Mujeres emitió una declaración sobre la situación de Israel y Gaza en la que condenaba “inequívocamente los brutales ataques de Hamás” contra ese país el 7 de octubre, y expresaba “alarma por los numerosos relatos de atrocidades basadas en el género y violencia sexual durante esos ataques”. En el mismo texto “lamentaba profundamente que se hayan reanudado las operaciones militares en Gaza” y “reiteraba que todas las mujeres, las israelíes, las palestinas, como todas las demás, tienen derecho a una vida segura y libre de violencia”.
Numerosos testimonios de sobrevivientes de la masacre, socorristas, integrantes de los equipos de rescate y médicos permitieron establecer que hubo patrones reiterados de violencia sexual por parte de los terroristas, con un componente de sadismo y alevosía destinados a “intensificar la degradación y el terror de la agresión sexual tanto física como simbólicamente”. Así quedó plasmado en el informe “El llanto silencioso. Crímenes sexuales de guerra del 7 de octubre”, elaborado por la Asociación de Centros de Crisis por Violación en Israel (ARCCI), una organización sin fines de lucro independiente del gobierno de ese país. El trabajo recoge testimonios de difícil lectura por su crudeza y la brutalidad inhumana que reflejan.
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