El Lago Los Tacariguas, conocido también como lago de Valencia, ha sido testigo silencioso de innumerables tragedias y desafíos enfrentados por los habitantes de sus zonas adyacentes, pues este majestuoso cuerpo de agua que abarca gran parte del estado Aragua se ha convertido en el principal “enemigo” de diversas comunidades de los municipios Girardot y Francisco Linares Alcántara quienes se ven afectadas por su constante crecida.
Corresponsalía lapatilla.com
Sectores de Girardot como La Punta, Mata Redonda, Casanova Godoy, La Esmeralda, Brisas del Lago, así como el populoso sector Paraparal del municipio Linares Alcántara, han sido golpeados duramente –año tras año- por las inundaciones y el desbordamiento del lago.
Las familias en estas áreas viven en un estado de alerta constante, temiendo que sus hogares sean inundados nuevamente cada vez que llueve, mientras las autoridades continúan con sus promesas de ofrecer soluciones efectivas a esta problemática.
Para conocer de primera mano la situación de vulnerabilidad de muchos aragüeños, conversamos con Hivis Suárez, quien es dirigente social de la parroquia Pedro José Ovalles y tiene 45 años viviendo en las cercanías del lago.
Aunque para muchos la situación de estas viviendas es crónica “de una muerte anunciada” porque la naturaleza está recobrando sus espacios, Suárez asegura que no solo se trata de eso, sino también de falta de educación y políticas públicas adecuadas.
“Si existiera menos populismo, se evitarían muchísimos problemas. Si existieran verdaderas políticas públicas para los diferentes sectores productivos, para coadyuvar como lo serían las plantas de potabilización, sistema de rebombeo, ecoturismo, sector agrícola, sistemas perfectamente engranados que contemplen la recolección, clasificación, reutilización y transformación de los desechos sólidos, así como un sistema de recolección eficiente, evitando con esto que los ciudadanos lo utilicen como vertedero”, señaló la dirigente social.
Asimismo, la vecina mencionó que un plan de dragado y cuadrillas fijas de mantenimiento del caudal fluvial forman parte de las políticas que deben desarrollarse durante el año en el lago y en las zonas adyacentes compartiendo la responsabilidad.
INDEMNIZACIONES INSUFICIENTES Y SOLUCIONES A MEDIAS
Esta problemática que puede llegar a su punto final con el desalojo definitivo de las viviendas, tiene un trasfondo económico y unas “soluciones” a medias por parte de las autoridades que no terminan de ver que este drama llegue a su final.
“Inicialmente, la imposibilidad económica y la falta de seriedad por parte de los entes gubernamentales en crear políticas de sustitución de vivienda en situación de riesgo han impedido que las familias salgan de estas áreas”, explicó Hivis.
Asimismo, señaló que aunque algunas familias han sido indemnizadas o reubicadas, ha resultado ser insuficiente. “Las han enviado a sitios dispuestos por el gobierno donde aún sus infraestructuras temporales o soluciones habitacionales definitivas no están terminadas. En lugar de recibir una vivienda digna, sus problemas solo cambian de escenario”, destacó quien ha sido espectadora en primera fila.
En cuanto a las acciones de las autoridades durante los períodos de lluvias, como el uso de bombas de achique, Suárez reiteró que la falta de planificación deja a las comunidades en la misma situación de vulnerabilidad.
“Esas bombas de achique funcionan con gasoil y la falta del mismo no permite que hagan el trabajo. No existe supervisión, responsabilidad, ni solidaridad social para efectuar eficazmente este problema derivado de malas políticas de planificación urbana, estos problemas no se presentarían o al menos serían menos graves”, comentó.
UN CEMENTERIO OLVIDADO
En relación a los cuerpos flotantes que se encontraron en el lago hace unos años, Suárez comentó que se trata de un cementerio privado que construyeron en la vía hacia Palo Negro, municipio Libertador, aparentemente sin considerar que en algún momento la crecida de los ríos podía afectar su permanencia y poner en riesgo la salud colectiva.
UN GRITO DE AUXILIO
Los años pasan y con ellos la cantidad de refugiados sigue en aumento. Tal es el caso de los habitantes del sector Brisas del Lago, quienes desde hace más de 10 años salieron de sus viviendas que fueron declaradas como “inhabitables” por parte de las autoridades y hasta la fecha se mantienen en estos hogares “temporales”.
Segundo Ulacio, declaró que unas 35 familias viven actualmente en la iglesia cristiana “Príncipe de Paz” en calidad de refugiados, mientras esperan con ansias la entrega de su nueva vivienda digna que fue prometida por los voceros del gobierno.
“Hace años llegaron las autoridades, nos sacaron de nuestras casas porque estaban inhabitables y atentaban contra nuestras vidas, pero nos olvidaron y nunca nos entregaron una residencia”, recordó el ciudadano.
Ante estas crudas realidades, las voces de Ulacio y Suárez representan a todos aquellos afectados incluyendo a los que decidieron cruzar fronteras en busca de una calidad de vida y quienes perdieron su vida con la esperanza que la adjudicación de una vivienda se hiciera realidad.
Es por eso que hacen un llamado urgente a las autoridades para que sean conscientes y sean parte de la solución. “Necesitamos personal capacitado, planificación urbana especializada y preparar de manera oportuna a las organizaciones y liderazgos sociales. También es esencial contar con una partida presupuestaria que haga frente a estas situaciones y una mayor coordinación entre los entes gubernamentales y los actores sociales” señaló Hivis Suárez quien es una de las tantas víctimas que viven día a día al borde del Lago de Valencia, esperando una solución que parece nunca llegar.