Peter K. Afriyie – AP
Un fallo de la Corte Suprema de Manhattan consideró “inconstitucional” la demanda presentada por el alcalde de Nueva York, Eric Adams, contra 17 compañías de autobuses que, según el funcionario, llevaron unos 33.000 migrantes desde Texas hasta la Gran Manzana. Según se quejó el mandatario, esos extranjeros representan una enorme “carga pública” para la ciudad en el marco de la crisis migratoria que atraviesa desde hace meses.
Por La Nación
Tal como se detalla en el documento emitido por el máximo tribunal de Estados Unidos, la presentación judicial que había hecho Adams en enero pasado, por US$700 millones, es un “claro intento de regular el transporte de personas indigentes de un estado a otro en violación de la Cláusula de Comercio Interestatal”.
La presentación solicitaba una medida cautelar para evitar la afluencia de miles de refugiados que desde hace meses colman las calles de Nueva York. Sin embargo, la jueza Mary Rosado sostuvo que los méritos del reclamo “son, en el mejor de los casos, dudosos, dadas innumerables preocupaciones constitucionales”. De todas maneras, después de radicar la demanda, estas empresas acordaron dejar de transportar migrantes a esa ciudad.
En tanto, la determinación de la Corte Suprema, que representa un importante revés judicial para Adams, sostiene que la demanda es inconstitucional por un fallo de hace 80 años, ya que se basa en el “estatuto del pobre” del siglo XIX, que el máximo tribunal declaró inconstitucional en 1941, a raíz de una ley de California “esencialmente idéntica”.
La respuesta de la alcaldía de Nueva York al revés judicial de la Corte Suprema de Manhattan
Desde el Ayuntamiento de Nueva York aceptaron el fallo de la jueza Rosado. La asesora jurídica del alcalde Adams, Lisa Zornberg, sostuvo en una conferencia de prensa: “La demanda que presentamos, de la que estoy muy orgullosa, tenía como objetivo utilizar todas las herramientas de que dispone la ciudad de Nueva York para proteger el sistema de servicios sociales de la ciudad y a los neoyorquinos. De eso se trataba”.
A su vez, la funcionaria agregó que la demanda buscaba desincentivar que estas empresas llevaran a una persona a Nueva York “con el propósito de convertirla en una carga pública”. Asimismo, argumentó que el estatuto de 1817 en el que se basaba la presentación “no había sido resuelto, independientemente de que esa ley fuera constitucional o no”.
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