Hace un año, Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial, asistió a su último mitin. Aquella tarde del 9 de agosto del 2023, un grupo de sicarios logró infiltrarse en el acto de campaña. Faltaban once días para las elecciones extraordinarias en Ecuador y Villavicencio se reunió con sus simpatizantes en un coliseo en el centro norte de Quito. Cuando salió de la actividad, lo asesinaron. Desde entonces, se abrió un oscuro capítulo en la historia política nacional. Aunque cinco de los autores materiales fueron condenados, los allegados de Villavicencio aún reclaman conocer quién o quiénes ordenaron su ejecución.
Por infobae.com
Los primeros meses después del magnicidio permitieron esclarecer la forma en la que se planeó el atentado. Miembros de una facción de Los Lobos, una banda narcoterrorista, organizaron toda la logística para el asesinato. La misma noche del 9 de agosto de 2023, múltiples allanamientos en varios sectores de Quito permitieron capturar a los implicados.
Villavicencio era conocido por sus denuncias de corrupción, que involucraban a figuras políticas de alto nivel, no solo de Ecuador sino de toda Latinoamérica. Sus investigaciones sobre el ex presidente Rafael Correa y sus colaboradores le costaron una brutal persecución, que lo llevó incluso al exilio. También denunció cómo la corrupción en los estamentos del Estado favorecía a personas con nexos en el crimen organizado.
Cuatro meses después del magnicidio, la Fiscalía empezó a revelar los megacasos de corrupción judicial: Metástasis, Purga y Plaga, que demostraron cómo el narco asesinado Leandro Norero y sus socios sobornaban a jueces, policías, funcionarios judiciales y abogados para obtener beneficios. Esas investigaciones también revelaron los vínculos entre el narcotráfico y la política. Prueba de ello es que entre los procesados figuran los ex legisladores Ronny Aleaga y Pablo Muentes.
Cuando Villavicencio presidía la Comisión de Fiscalización del Congreso, denunció ante la Fiscalía que Aleaga, Muentes y otros tres legisladores planeaban matarlo. Muchos de los nombres que aparecen en esos casos ya habían sido expuestos por Villavicencio. Su cuenta de X se ha convertido en una especie de “enciclopedia” digital, que guarda los registros de esas denuncias.
¿Quién dio la orden?
“Para mí es más que claro que es un crimen político y que los autores intelectuales están en esa esfera política”, dijo Tamia Villavicencio, una de las hijas del político, en una entrevista con Infobae. El día que su padre fue asesinado, Tamia contrajo matrimonio civil.
En un especial elaborado por La Fuente, el portal que Villavicencio fundó, la joven relató cómo ese 9 de agosto su padre la felicitó con un mensaje de texto por sus nupcias y le dijo: “Una nueva vida está por empezar”. Con el magnicidio, Tamia y su hermana Amanda dieron un salto obligado a la vida pública para reclamar justicia, conservar el legado de su padre y pedir que esto no se repita.
Amanda Villavicencio, por su parte, ha expresado su escepticismo ante el accionar de la Fiscalía, que mantiene en reserva la investigación sobre los autores intelectuales del crimen: “Confiar en la justicia en este momento es la única opción que tengo, no significa que soy confiada. Yo no confío en nada”.
Para Amanda, es difícil entender por qué el Ministerio Público no le permite conocer el expediente, pese a que ella es una de las partes procesales: “Tengo derecho de saber qué ha pasado con los sicarios que asesinaron a mi papá que luego fueron asesinados. Tengo derecho de saber qué está pasando con las omisiones que claramente sucedieron tanto en la Policía Nacional como en las otras instituciones. Tengo derecho de saber qué está pasando con los funcionarios que entregaban la ubicación en tiempo real de mi padre”.
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