Hoy vivimos en Venezuela una descomunal criminalización de las redes sociales, que, por cierto, muchos esperábamos. Quiero comenzar este escrito aclarando que no tengo relación laboral ni amistad alguna con la empresa o representantes de Whatsapp, TikTok, X o Instagram, pero es inevitable aludir el intento o la ejecución del bloqueo de las aplicaciones que aspira a censurar el gobierno venezolano con la idea de reemplazarla por otra de propia cosecha. Algo nada sencillo en esta época donde prevalece la globalización y las comunicaciones digitales Estas aplicaciones tan populares no son una emisora radial o televisiva a la que se le estatiza y listo, porque estas aplicaciones constituyen una herramienta de gran alcance universal que compite con otras, constituida la libertad como una garantía para evitar el atraso tecnológico y ganar cada vez mayores audiencias (esto es, mercados). No comprender la naturaleza más íntima de las redes digitales lleva a cualesquiera tentaciones autoritarias y desplantes innecesarios. Es una poderosa ilusión creer que el mundo virtual y sus relaciones tanto personales como sociales son completamente distintas a las del mundo real. Pero una necesariamente deriva de la otra, por lo que la desconfianza hacia las aplicaciones digitales, como presuntamente parece prosperar con Whatsapp, TikTok, X o Instagram es una faceta más de la competencia desleal que se vive en nuestro país.
Ahora bien, todo lo que se diga o escriba en las redes sociales, siendo cada vez más posible identificar la fuente, genera responsabilidades. Por ejemplo, hoy no se entendería a los venezolanos única y exclusivamente comunicados a través de la telefonía convencional y más aún cuando existe una diáspora tan grande de paisanos regados por todo el mundo. Incluso, hay quienes solo han asistido al matrimonio de un hijo o conocen al nieto por las redes digitales. No entenderíamos que alguien comente al voleo, públicamente, durante la transmisión, sus meras sospechas o simples convicciones en torno al novio que tiene la estafa por oficio o al nieto como fruto de una relación matrimonial y que, además del profundo disgusto y malestar familiar, la cosa haya trascendido porque hubo un antojadizo que lo copio y difundió. En el mejor de los casos, habría una acción legal por calumnia o difamación, o una acción judicial llamada inquisición de paternidad, por ejemplo.
O a nivel económico, negar el impacto de las redes sociales sobre la economía del país, más que ser una herramienta, las redes sociales se han convertido en un aliado para las empresas e industrias, y más allá de la economía informal o al emprendimiento que predomina más en una Venezuela donde los salarios están por debajo de los estándares mundiales. Negarles estas plataformas o restringirlas por el mero hecho de no poder controlarlas es ir en contra de los derechos fundamentales del ser humano establecidos en nuestra carta magna.
Ocurre algo semejante en el terreno político, porque muy distinto es que el comentario confidencial y plenamente confiado al amigo que no lo difundirá, y otra, como en la transmisión referida, en un grupo público y abierto de cualquiera de las plataformas, a la vista de todos. Las aplicaciones siguen cifradas e inviolables, que yo sepa, pero ellas no son responsables de lo que públicamente se diga en un chat, susceptible de ser retransmitido por una tercera persona. Y, así como existen derechos y garantías en el mundo real, en el virtual –nada distinto– tiende cada vez más a haberlos y, en tal sentido, cumplidas determinadas condiciones, por ejemplo la mensajería de Whatsapp puede tener valor probatorio (https://accesoalajusticia.org/reiteracion-de-criterio-concerniente-al-valor-probatorio-de-los-mensajes-intercambiados-por-whatsapp/). A diferencia del ejemplo de un acto familiar al que aludimos arriba, en el empleo político de las redes sociales hay que lidiar con los denominados laboratorios digitales de guerra sucia.
Cada día nos encontramos con nuevos retos, que tenemos que lidiar y sobrepasar, defender nuestros derechos y expresarlos a través de las únicas herramientas comunicacionales que tenemos a mano, no es un delito; por el contrario, negarlo sería ir en contra de nuestra legalidad y de nuestra Constitución que expresa textualmente en su Artículo 57: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”. Hoy tenemos ante nosotros una nueva oportunidad para expresar nuestras convicciones sobre insistir, resistir y persistir en nuestra posición de unidad para lograr la tolerancia, la democracia y la libertad.
@freddyamarcano