El defensor de los derechos humanos en el estado Táchira, Walter Márquez, reiteró el llamado a Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), a tomar acciones en contra de Nicolás Maduro, a fin de hacer cumplir el Estatuto de Roma, pues asegura que en Venezuela se han llevado a cabo un fraude electoral y un fraude judicial, tras las elecciones del pasado 28 de julio.
Luz Dary Depablos / Corresponsalía lapatilla.com
El también abogado indicó que en las últimas semanas en el país se han registrado dos fraudes. “El fraude electoral producido por Elvis Amoroso, quien sin actas que totalizaran el boletín número 1 y sin resolución de todos los rectores, proclamó a Maduro sin mostrar ninguna prueba, ni digital ni manual”.
Márquez explicó que el sistema electoral tiene un doble control, es decir, uno manual y otro digital, además hay una transmisión hacia las máquinas del CNE en Caracas. “Es inadmisible que hablen de un hackeo, pero el hackeo fue en detrimento de Edmundo González y a favor de Nicolás Maduro. Para poder intervenir la Cantv que trasmitía de origen a destino, tenía que haberse bloqueado toda transmisión (…) Los expertos en la materia señalan que no hubo hackeo, ahí lo que hubo fue tracaleo. Estamos en presencia de un crimen de lesa humanidad contra la soberanía popular”, destacó Walter Márquez.
Llamado al CPI
Aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia del chavismo no podrá avalar jurídicamente algo que no se soporta en las mesas. “Estamos en presencia de un fraude electoral en el CNE y ahora un fraude judicial promovido por los subalternos de Nicolás Maduro, como lo es la Sala Electoral del TSJ. No podemos admitir repetición de elecciones porque a pesar de todas las presiones, técnicamente, jurídicamente y políticamente, se realizaron con los requisitos del caso, se produjeron 210.000 actas, en la que actuaron 180.000 funcionarios, cuyas copias están bajo custodia de Vladimir Padrino López”, apuntó.
“El Fiscal de la CPI tiene argumentos suficientes para enjuiciar y ordenar la detención de Nicolás Maduro, no bastan tantos muertos, tantos encarcelados”, dijo. Asimismo, añadió que se han presentado más de 11.580 víctimas. “Hemos confiado en él, pero ya no nos parece muy transparente su actuación”, aseveró refiriéndose a Khan, quien se estaría comportando como el anterior Fiscal de la CPI, “encubridor de la violación de los derechos humanos de la dictadura de Maduro”, denunció.
Fraude a la soberanía popular
Márquez recordó que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López “tiene información de inteligencia y del Consejo Nacional Electoral, que confirma el triunfo irrefutable de Edmundo González como presidente de la República”.
“El día de las elecciones, el Plan República hizo un reporte especial al ministro de la Defensa y él es el custodio actual de las actas de las más de 30.000 mesas que produjeron las máquinas electorales, cajas con el depósito de los votos originales y también las actas originales que fueron trasladadas por el Plan República”, aclaró el defensor de los DDHH.
A propósito de la publicación del informe de las Naciones Unidas sobre el tema electoral en Venezuela, considera que “es irrefutable e irrebatible de un órgano de altísimo nivel, las Naciones Unidas es la expresión de los gobiernos del mundo, por tanto, el informe del Centro Carter, el informe de la misión electoral de los observadores de Colombia y ahora de las Naciones Unidas, todos coinciden en que técnicamente ganó Edmundo González y que es un fraude en contra de la soberanía popular”.
También hizo un llamado al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, a que acepte los resultados, que quintuplicaron a Maduro en este estado fronterizo. “En el Táchira, Edmundo González sacó 82 % y Maduro el 16 % (…) Entienda que el poder y la vida son transitorios, son fugaces, pero los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Todo lo que usted haga a favor o en contra, va a ser registrado para la historia y para la memoria jurídica del país”, dijo.
Finalmente, pidió por el cese de persecución contra civiles inocentes a quienes se les estarían violentando derechos establecidos en la Constitución y en el Estatuto de Roma.