En un comunicado, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la crisis que enfrenta el sistema penitenciario en Venezuela, especialmente tras las recientes declaraciones de Nicolás Maduro sobre la transformación de las cárceles de Tocorón y Tocuyito en centros de reclusión de máxima seguridad.
Por lapatilla.com / Con información de OVP
Según el mandatario, estas instalaciones se utilizarán para encarcelar a miembros de la sociedad civil, periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y dirigentes políticos que se opongan al régimen.
Las cárceles de Tocorón y Tocuyito han sido históricamente epicentros de corrupción, violencia y violaciones de derechos humanos. En 2023, el Estado venezolano intervino estas y otras cinco prisiones, trasladando a más de 8 mil reclusos a otros centros. A pesar de las promesas del ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, de que estos traslados serían “temporales y circunstanciales”, las condiciones para los detenidos y las infraestructuras carcelarias no han mejorado.
Casi un año después de la intervención, la situación se ha vuelto aún más preocupante. Humberto Prado, director del OVP, criticó duramente la decisión de convertir Tocorón y Tocuyito en prisiones de máxima seguridad, señalando la incapacidad del Ministerio para el Servicio Penitenciario de clasificar adecuadamente a los reclusos para tales instalaciones. Prado calificó esta iniciativa como la “Locademia de Política Penitenciaria”, subrayando que la clasificación penitenciaria debe basarse en evaluaciones individualizadas que consideren el perfil psicológico y los riesgos asociados a cada detenido.
Además de la falta de capacidad para realizar una clasificación adecuada, el OVP advirtió sobre el peligro que representa tratar a los presos políticos como presos sociales. Los presos políticos, encarcelados por razones ideológicas o políticas, no deberían ser sometidos a las mismas condiciones que los reclusos por delitos comunes, ya que esto viola principios fundamentales de derechos humanos y expone a los presos políticos a un entorno hostil y violento.
El OVP también subrayó la necesidad de condiciones de detención que respeten la dignidad y los derechos de los presos políticos, como acceso a visitas, asistencia médica y apoyo legal. En este contexto, el Observatorio exigió la liberación inmediata e incondicional de todos aquellos que han sido encarcelados arbitrariamente por motivos políticos, señalando que su detención perpetúa la represión estatal y socava los valores democráticos en Venezuela.
La declaración del OVP no solo revela las deficiencias del sistema penitenciario venezolano, sino que también hace un llamado a la comunidad internacional para que preste atención a la situación de los derechos humanos en el país y exija responsabilidades al régimen.