Diez presos políticos de Nicaragua “están condenados a morir en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega”, considera un activista de derechos humanos que ha seguido de cerca sus casos desde hace más de diez años.
Por Infobae
“No lo van a dejar salir, eso es evidente. La intención del régimen es que muera en la cárcel. La familia está consciente de eso. Yo estoy consciente de eso”, dice el abogado Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH), sobre el caso de Marvin Vargas, un veterano de guerra conocido como El Cachorro, quien está preso por razones políticas desde mayo de 2011.
Además de Vargas, existen otros nueve presos políticos en condiciones similares. Se trata del grupo de reos del caso conocido como “Masacre del 19 de Julio”, porque sucedió el 19 de julio de 2014 cuando una caravana de simpatizantes sandinistas fue atacada a balazos mientras regresaban de una celebración política.
Como resultado del ataque, ejecutado en dos emboscadas, cinco personas murieron y otras 24 quedaron heridas.
La justicia nicaragüense declaró culpables de esta masacre a nueve personas, algunos de ellos dirigentes del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Ciudad Darío, región que se consideraba el principal bastión opositor al régimen de Daniel Ortega en ese entonces.
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