Donald Trump ha prometido desde hace tiempo deportar a millones de personas, pero ahora aporta más detalles en su actual intento por llegar a la Casa Blanca: invocar poderes de tiempos de guerra, apoyarse en gobernadores con ideas afines y utilizar a las fuerzas armadas.
Por AP
El historial de Trump como presidente muestra una enorme brecha entre sus ambiciones y las realidades legales, fiscales y políticas de las deportaciones masivas de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos: 11 millones en enero de 2022, según el último cálculo del Departamento de Seguridad Nacional. El expresidente Barack Obama realizó 432.000 deportaciones en 2013, el total anual más alto desde que se llevan registros.
Las deportaciones bajo el gobierno de Trump nunca llegaron a las 350.000. Pero él y Stephen Miller —su principal arquitecto en política de inmigración— han ofrecido pistas en entrevistas y mítines respecto a adoptar un enfoque diferente si los votantes vuelven a darles el poder en noviembre. Podrían beneficiarse de las lecciones aprendidas durante sus cuatro años en el cargo y, potencialmente, de más jueces nombrados por Trump.
“Lo que Trump parece estar contemplando es potencialmente legal”, dijo Joseph Nunn, abogado del Brennan Center for Justice (Centro Brennan para la Justicia) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. “Puede que no haya muchas barreras legales. En términos logísticos va a ser extraordinariamente complicado y difícil. A los militares no les va a gustar hacer eso y van a moverse tan lentamente como puedan. Pero es posible, por lo que debe tomarse en serio”.
Cuando se preguntó a la campaña de Trump cómo se llevaría a cabo su promesa, respondió que Trump iniciaría el mayor programa de deportaciones en la historia de Estados Unidos, sin dar más detalles. Karoline Leavitt, una portavoz, explicó que Trump “reuniría todo el poder federal y estatal necesario para instituir la mayor operación de deportación de criminales, traficantes de drogas y traficantes de personas ilegales (en el país)”.
¿Cómo superaría Trump los inevitables desafíos legales?
Trump ha dicho que invocaría la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 que permite al presidente deportar a cualquier no ciudadano de un país con el que Estados Unidos esté en guerra.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha propuesto la teoría de que la inmigración ilegal equivale a una invasión para justificar medidas de aplicación de la ley estatales,—hasta ahora sin éxito, pero los expertos legales refieren que los jueces pueden ser reacios a cuestionar lo que un presidente considera como agresión extranjera.
La amplia autoridad de la Ley de Enemigos Extranjeros puede dar la vuelta a una ley que prohíbe a los militares hacer cumplir la ley civil.
Trump ha dicho que se centraría en desplegar a la Guardia Nacional, cuyas tropas pueden ser activadas por orden de un gobernador. Miller dice que las tropas bajo el mando de gobernadores republicanos solidarios enviarían tropas a estados cercanos que se nieguen a participar.
“La Guardia Nacional de Alabama va a arrestar a inmigrantes ilegales en Alabama, y la Guardia Nacional de Virginia, en Virginia. Y si vas a ir a un estado hostil como Maryland, bueno, allí simplemente la Guardia Nacional de Virginia haría el arresto en Maryland”, dijo Miller el año pasado en “The Charlie Kirk Show”, un programa de radio y pódcast conservador.
El ejército ha estado involucrado periféricamente en la frontera desde el gobierno del presidente George W. Bush con actividades que no se consideran de aplicación de la ley, como vigilancia, mantenimiento de vehículos e instalación de alambre de púas.
Nunn, del Centro Brennan de la Universidad de Nueva York, dijo que Trump podría tomar como referencia 2020, cuando ordenó a la Guardia Nacional dispersar las protestas pacíficas del movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) cerca de la Casa Blanca, a pesar de la oposición del alcalde. Trump lo hizo sin invocar la ley de poderes de guerra del siglo XVIII, pero el estatus federal del Distrito de Columbia le da al presidente una autoridad desproporcionada para actuar.
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