Cuando María Fernanda, una mujer venezolana de 27 años, decidió que quería abortar el año pasado, sabía que sus opciones eran limitadas. En su país el aborto es ilegal, excepto en el caso de que la vida de la mujer esté en peligro, y puede ser sancionado con prisión de seis meses a dos años. Una amiga que había abortado antes le recomendó hablar con una red feminista, y así María Fernanda llegó a su casa de Maracaibo con un paquete de píldoras. Era junio de 2023.
Por El País
Según las recomendaciones de la organización, tenía que tomar una pastilla de mifepristona seguida por cuatro de misoprostol. Son medicamentos usados comúnmente para interrumpir un embarazo no deseado. María Fernanda, quien prefiere no usar su apellido, siguió las indicaciones y esperó. Pero, en lugar de notar algún indicio de que ya no estuviera embarazada, volvieron las náuseas. Cuando una ecografía confirmó que seguía embarazada, se desesperó. Pensó que el único camino que le quedaba era tener el bebé.
Pero la organización le ofreció una última opción, el “plan C”. La red le informó que en Colombia el aborto es legal hasta las 24 semanas de embarazo y que, si cruzaba la frontera, en un centro médica le podrían realizar el procedimiento. María Fernanda no dudó y viajó en los siguientes días.
Desde que la Corte Constitucional colombiana despenalizó el aborto en 2022, los expertos han notado un incremento leve en la demanda de mujeres que residen en Venezuela. Viajan para acceder un aborto en las ciudades fronterizas de Colombia, explica Suzany González, directora del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (Cedesex) en Venezuela. Entre las ciudades colombianas que más reciben estos casos está la fronteriza Cúcuta, donde el centro médico Oriéntame ha registrado más de 30 casos en lo que va el año, alrededor del 10% de todos los procedimientos de aborto que ha realizado.
González explica que la criminalización y la crisis humanitaria han forzado a las mujeres venezolanas a buscar nuevas rutas para abortar. “El acceso a métodos anticonceptivos es complejo, los servicios a los derechos sexuales y reproductivos son deficientes en el sistema público de salud. Esto expone a las mujeres y niñas a embarazos forzados o no deseados”, dice la experta. “Las mujeres empiezan desesperadamente a buscar otras oportunidades de aborto y eso está ocurriendo en la frontera”.
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