La reformada Ley Especial de Ciberdelitos, que será aplicable a los delitos cometidos dentro o fuera de Nicaragua, tendrá un impacto “devastador” para los periodistas que ejercen la profesión dentro o fuera del país, advirtió este lunes la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), que forma parte de la red regional Voces del Sur.
“El impacto de esta reforma es devastador, no solo para los periodistas, quienes se verán aún más amenazados en su labor de informar, sino también para la ciudadanía en general”, argumentó ese organismo en un informe.
La FLED, con sede en Costa Rica, consideró que “esta medida es un ataque directo a los derechos humanos fundamentales y a la democracia” en Nicaragua, “ya que restringe la capacidad de los ciudadanos de expresarse libremente y de acceder a información crítica”.
“Nuestra experiencia previa nos indica que el único objetivo de estas reformas es amedrentar y judicializar tanto al periodismo como a la población en su conjunto”, señaló.
Esa ONG anotó que “la criminalización de la libertad de expresión socava los principios democráticos y despoja a la sociedad de su derecho a cuestionar y exigir rendición de cuentas”.
“Es imperativo que se revoquen estas leyes vengativas y se protejan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”, abogó la FLED, que expresó su “firme condena” a las reformas a la Ley Especial de Ciberdelitos.
Incluye a personas naturales y jurídicas
El pasado 11 de septiembre, la Asamblea Nacional (Parlamento) reformó esa ley, que castiga con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor o zozobra en la población, y que ahora también será aplicable a los delitos cometidos dentro o fuera del territorio nacional por personas naturales o jurídicas.
La reforma, propuesta por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, fue aprobada con carácter urgente y de forma unánime por el Parlamento, controlado por los sandinistas.
La iniciativa reformó 9 artículos de la Ley Especial de Ciberdelitos, misma que desató una polémica en Nicaragua, donde el gremio periodístico independiente, en su mayoría ahora en el exilio, considera que amenaza la libertad de prensa, “criminaliza” al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.
La reforma de ley amplía de 10 a 15 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”.
En su exposición de motivos, el Ejecutivo explicó que la propuesta de reforma está destinada a fortalecer la prevención, enfrentamiento, investigación y judicialización de aquellos delitos que se cometan aprovechándose de los sistemas informáticos, dentro o fuera del país, por personas naturales o personas jurídicas.
La norma, compuesta por 48 artículos, contiene 25 definiciones, sin embargo, según han advertido sus críticos que la han bautizado como “Ley Mordaza” o “Ley Bozal”, no define dos conceptos claves para su aplicación: información falsa (fake news) e información tergiversada.
Es decir, es el sistema judicial, controlado por magistrados y jueces afines al sandinismo, los que tienen la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra, según ha alertado el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
EFE