El Gobierno peruano promulgó los cambios aprobados por el Congreso a la controvertida ley sobre el crimen organizado, que castiga con un mínimo de cinco años de cárcel para el delito de extorsión, la cual provocó un paro de transportistas exigiendo su derogatoria por supuestamente favorecer a las bandas criminales, informaron este domingo los medios locales.
La resolución que promulga las modificaciones fue publicada por el Ejecutivo la noche del sábado en el diario oficial El Peruano, después de que el Parlamento aprobó los cambios en el pleno del pasado miércoles y los exoneró de una segunda votación.
El nuevo texto mantiene la definición de crimen organizado como una “estructura compleja desarrollada compuesta por tres o más personas” y aprobó dictar cinco años de prisión como mínimo para aquellos que cometan los presuntos delitos de extorsión, secuestro y sicariato con el objeto de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material.
La anterior norma le daba al investigado la opción de exigir la presencia de su abogado, antes de que se realice un allanamiento o incautación, pero las modificaciones han incluido la presencia obligatoria de un abogado de la defensa pública desde el inicio de las diligencias de la Fiscalía para evitar que se demore o suspenda.
“Si el investigado está presente y manifiesta su deseo de contar con su abogado defensor particular, ello no suspenderá la ejecución de la orden judicial, la misma que continuará ejecutándose con la presencia del abogado de la defensa pública hasta que se haga presente en el lugar abogado defensor particular del investigado”, indicó la norma.
La norma modifica el Código Penal en lo referido a organización criminal al definir sus características, los criterios para determinar su existencia, fortalecer la investigación del delito por la Policía Nacional del Perú (PNP) y agilizar los procesos penales.
La ley aprobada inicialmente fue muy criticada porque establecía que los allanamientos no podrían realizarse sin previo aviso a los investigados y solo cuando estuvieran presentes sus abogados privados.
En la sesión plenaria del miércoles, el Congreso también aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio de un dictamen que propone modificar el Código Penal para incorporar el delito de “criminalidad sistemática”, que recibirá una condena de cadena perpetua.
Esto se dio a pesar de que el Gobierno ha enviado al Congreso un proyecto de ley en el que se plantea que se cree el delito de “terrorismo urbano” para delitos como extorsión y sicariato.
La norma, que deberá ser votada por segunda vez dentro de una semana, establece que la “criminalidad sistemática” se aplicará al que use municiones, armamento militar o civil, artefactos explosivos u otros para realizar “conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella”.
EFE