Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) denunciaron este jueves a Mongolia ante la Asamblea de Estados Partes, su órgano legislativo y de supervisión, por “no cumplir con la solicitud” de detención del presidente ruso, Vladimir Putin, cuando viajó a su territorio en septiembre, lo que “impidió” que el tribunal ejerza sus funciones.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI concluyó hoy que, “al no arrestar a Putin mientras se encontraba en su territorio y no entregárselo a la Corte, Mongolia no cumplió con la solicitud de cooperación” en este sentido, lo que es contrario al Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, y le impide ejercer “sus funciones y poderes” como órgano judicial.
“En vista de la gravedad del incumplimiento de Mongolia de cooperar con la Corte, la Sala consideró necesario remitir el asunto a la Asamblea de los Estados Partes. La Sala reafirmó que la inmunidad personal, incluida la de los jefes de Estado, no es oponible ante la CPI, y no se requiere renuncia alguna”, explicaron los jueces.
Además, advirtió a Mongolia de que los países que aceptan la jurisdicción de la Corte “tienen la obligación de arrestar y entregar a los individuos sujetos a órdenes de arresto de la CPI, independientemente de su posición oficial o nacionalidad”, y le recordó que este tribunal “opera de manera independiente de la intervención estatal, abordando crímenes internacionales graves”.
“La Corte desempeña funciones que están alineadas con los intereses generales de la comunidad internacional, ejerciendo jurisdicción sobre los crímenes internacionales más graves, que incluyen violaciones graves de las normas fundamentales del derecho internacional”, señaló la Sala.
Ante la anunciada visita de Putin a Mongolia, la CPI pidió a finales de agosto a las autoridades de ese país que cooperen con el tribunal y detengan al mandatario ruso, y les alertó de que, “en caso de falta de cooperación”, los jueces “pueden emitir una constatación en ese sentido” e informar de ello a la Asamblea, que adoptaría “las medidas que considere apropiadas”.
Mongolia ignoró las solicitudes de la Corte en la que fue la primera visita de Putin a un Estado miembro de la CPI desde que este organismo emitió el pasado año una orden de detención contra el mandatario ruso por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, en concreto por la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia.
Desde ese momento, Putin ha limitado mucho sus viajes al extranjero, evitando los países que habían ratificado el Estatuto de Roma. Mongolia ratificó el tratado de la CPI en 2002. EFE