Hoy hace tres meses, decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente en distintos estados de Venezuela como parte de la represión postelectoral que activó el régimen de Nicolás Maduro.
En los estados andinos —Mérida, Táchira y Trujillo—, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) ha podido identificar a 22 víctimas aprehendidas en esta región del país el 29 de julio de 2024, en su mayoría jóvenes y algunos menores de edad.
Pese al temor infundido por funcionarios policiales, militares y de justicia, familiares de algunos detenidos han accedido a contar sus testimonios al ODH-ULA bajo condición de anonimato. Una de ellas es la mamá de un joven que se hizo padre estando en prisión. Su pareja tenía seis meses de embarazo cuando lo detuvieron mientras caminaba por una avenida. No estaba protestando ni votó en las elecciones del 28 de julio. “Mi hijo ni siquiera está inscrito en el CNE”, contó su madre.
Todos los testimonios dados al ODH-ULA por familiares de presos políticos postelectorales de la región andina coinciden en la inocencia de sus parientes, en la arbitrariedad de las detenciones, en la negación de visitas durante más de dos meses, en traslados sin previo aviso a prisiones de otros estados, en la prohibición de llevarles cosas, en que no pueden designar abogados defensores de su confianza, en la imputación de delitos sin pruebas y en la afectación a la salud física y mental de las víctimas.
“Mi hijo está psicológicamente destrozado (…) El día que lo vi, después de más de dos meses de su detención, no paraba de llorar y me pedía perdón, aunque él sabe que no hizo nada malo. Ese día se enteró de que ya era papá, pero ni siquiera me dejaron llevarle una foto del bebé para que lo conociera”, cuenta una de las decenas de madres cuyas vidas cambiaron totalmente tras las detenciones de sus hijos.
Cientos de kilómetros entre el hogar y la prisión
El ODH-ULA ha conversado con familiares de detenidos en la región andina que fueron trasladados al Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, ubicado a más de 500 y 700 kilómetros de distancia. Sus traslados se hicieron sin aviso, de madrugada y violando lo establecido en el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
“A mi hijo lo trasladaron a Tocorón a comienzos de septiembre. Lo hicieron de madrugada y sin ni siquiera avisarle al director de la cárcel donde lo tenían detenido. A nosotros tampoco nos avisaron. Casi un mes después fue que me contactaron de Tocorón para decirme que a la semana siguiente podía visitarlo”, contó una de las madres entrevistadas por el ODH-ULA.
Las mujeres familiares de los detenidos en la región andina deben viajar más de 12 horas por carretera para poder visitarlos. En Tocorón no está permitida la visita de familiares masculinos, pese a que uno de los casos conocidos por el ODH-ULA es el de un joven cuya madre lo abandonó y su padre no ha podido visitarlo.
Otra madre contó que el aviso sobre la segunda visita que pudo hacerle a su hijo en Tocorón le llegó apenas dos días antes. “No toman en consideración que uno vive en otro estado. Las madres y familiares nos organizamos para viajar juntas en un viaje que dura más de 12 horas hasta Maracay, y de ahí hay que tomar otro transporte que tarda una hora en llegar a Tocorón. Todo ese esfuerzo para una visita que solo dura 10 minutos, donde ni siquiera podemos tocar a nuestros hijos porque nos dejan verlos es a través de un vidrio y hablar por un teléfono”.
Las madres, tías y abuelas entrevistadas coincidieron en que para poder ver a sus familiares detenidos, las visitantes deben pasar por hasta cuatro controles internos del retén de Tocorón. Pueden ingresar con nada más que sus cédulas de identidad. Quienes ya han acudido a las visitas, les recomiendan no llorar y entrar con sus cabezas inclinadas, mirando hacia el suelo.
En un país con salarios de hambre y sumido en una Emergencia Humanitaria Compleja, los familiares de los presos políticos tienen que gastar cientos de dólares entre traslados, comidas, medicinas y hospedaje, aunque la solidaridad entre ellos y de otras personas hace la carga más leve. “En Tocorón nos quedamos varias familiares en casa de una señora, conocida de una de las madres de un detenido, que nos permite llegar ahí”, dijo una de las entrevistadas. Pero no es la situación de todas: algunas duermen sobre cartones y en carpas improvisadas cerca del retén.
A comienzos de agosto, la ONG Foro Penal señaló que más del 95 % de las personas detenidas en protestas postelectorales pertenecen a zonas populares. Hasta este 29 de octubre de 2024, el ODH-ULA ha registrado 130 detenidos en la región andina. El Foro Penal contabilizó 1.953 en todo el país hasta el pasado 22 de octubre.
Sin derecho a una defensa de confianza
Ninguna de las personas detenidas e imputadas injustamente por hechos relacionados con las protestas postelectorales ha tenido derecho a una defensa legal de su confianza, restricción que viola todos los tratados internacionales de derechos humanos de los privados de libertad, la Constitución y la legislación nacional. A todas se les ha impuesto un defensor público que ejerce desde la capital del país, a donde también han tenido que trasladarse los familiares tratando de contactarlos.
Algunos de los parientes entrevistados por el ODH-ULA sostienen que los defensores públicos asignados a los casos de los detenidos sí han defendido a las víctimas, según el relato de los acusados. Sin embargo, ninguno de esos abogados se ha reunido con estos familiares ni presentan evidencias en las audiencias que puedan demostrar la inocencia de los detenidos que defienden.
“En el caso de mi hijo, el defensor pidió su libertad plena en la audiencia preliminar, pero el juez no aceptó. Supe que después castigaron a quienes se negaron a firmar un documento donde admitían los cargos que les imputaban. Mi hijo nunca me ha dicho los maltratos que ha recibido, porque él sabe que todas las comunicaciones están vigiladas”, aseguró una de las madres.
En todos los casos consultados por el ODH-ULA se repite la misma imputación de cinco cargos: terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad, asociación para delinquir y obstrucción de calles o vías públicas. Los familiares que dieron sus testimonios a este observatorio tienen pruebas que demuestran la inocencia de los detenidos. La salud mental de los jóvenes y adolescentes acusados por delitos tan graves se ha deteriorado.
“Mi nieto sufre de depresión porque tuvo una infancia muy difícil. Es huérfano de padre y madre. Yo le dije cuando lo visité que trate de ocupar la mente. Que si tiene la posibilidad, que se ponga a dibujar, porque él dibuja muy lindo. Antes de que lo detuvieran, quería estudiar Radiología. Es un buen muchacho. La comunidad donde vive recogió firmas para abogar por él porque saben que es inocente”, contó una abuela a este observatorio.
El ODH-ULA condena la represión desmedida que ejerce el Estado venezolano contra la ciudadanía, cometiendo graves violaciones de derechos humanos y causando sufrimientos y daños irreparables. Los testimonios de familiares de víctimas que aquí se recogen constituyen evidencias que se suman a otras y que deben ser suficientes para exigir, una vez más, la liberación de todos los presos políticos, el cese de la represión y la restitución del Estado de derecho en el país.
Con información de NP