Autoridades de la Zona Educativa suspendieron el salario a 109 docentes en tres municipios del estado Táchira sin ninguna explicación, por lo que representantes de la Coalición Magistral regional exigen una mesa de diálogo de manera urgente con la directora de esta institución, Berzabeth Gandica, a fin de aclarar y buscar una pronta solución a los problemas que se han agudizado en el gremio de profesores en la entidad.
Por Luz Dary Depablos / Corresponsalía lapatilla.com
“Necesitamos respuestas inmediatas a esta situación. La cláusula 87 de nuestra Convención Colectiva establece la urgencia de abordar varios temas, como el estatus de las licencias sindicales y el aumento de horas prometidas a los docentes”, indicó William Fernández, coordinador de la coalición en el estado Táchira.
“Entre los casos más preocupantes se encuentran 40 docentes del Liceo Andrés Bello, 44 del Liceo Seboruco y 25 (del municipio Antoni) Rómulo Costa, quienes se enfrentan a la incertidumbre sobre su salario”, explicó el profesor.
Igualmente, enfatizó que “nos preocupa que cuando la resolución ministerial reza que deben incorporarse al aula las comisiones de servicio y reza la urgencia de docentes que están llamando a los jubilados a presentarse, pues por qué hay 109 docentes con suspensión de salario”.
Los maestros afectados no han recibido ningún referente claro acerca de su situación. Tampoco han sido informados sobre su posible exclusión del sistema de nómina o del Sistema Patria, que es por donde les pagan.
Fernández comentó que se estaría especulando que estos supuestos despidos indirectos se deban a una posible retaliación política contra esos profesores, pero los afectados siguen sin tener información oficial al respecto. “Más que nunca, pedimos que se mejore la oferta académica para que los docentes jubilados encuentren un atractivo para regresar a las aulas”.
También acotó que la Coalición Magistral ha enviado dos oficios a las autoridades de la Zona Educativa solicitando una reunión, pero hasta la fecha no han tenido respuesta.
“Estamos hablando de 109 familias que se están viendo afectadas en su derecho a la alimentación y a recibir sus salarios. Urge que el diálogo se inicie y que tengamos claridad sobre lo que ocurre”, concluyó.