Más de 30 trabajadores de la economía informal en la ciudad de Maturín, estado Monagas, denunciaron al director del Servicio Autónomo de Abastecimiento, Mercadeo y Economía Informal (Serviamer), Alexander Núñez, y a la asesora jurídica de la gobernación chavista, Grisélida Herrera, por una situación irregular.
Por: Corresponsalía lapatilla.com
Yitzi Maldonado, una de las trabajadoras informales afectadas, explicó que el pasado 15 de octubre, los funcionarios chavistas acudieron hasta el centro comercial Paseo Bolívar y ordenaron clausurar unos 30 puestos. Indicó que esa acción fue tomada de manera arbitraria y unilateral, ya que a ninguno de los copropietarios de los puestos les fue notificado previamente.
“Esta es una infraestructura que construyó la gobernación del estado y nos lo entregó la señora Yelitza Santaella años atrás. Nosotros hacemos esta denuncia porque durante más de 15 días que sellaron los locales, hemos intentado hablar con la asesora jurídica de la gobernación, pero no ha sido posible. Fuimos a la Defensoría del Pueblo para que sirviera como mediador con los organismos involucrados y hasta ahora no ha habido respuesta”, contó Maldonado.
La ciudadana expresó que varios de sus compañeros no han podido sacar su mercancía, pues el cierre de sus locales fue hecho con soldadura y fueron amenazados con sanciones o cárcel si intentaban abrirlos por su cuenta.
“Si ellos (los funcionarios chavistas) iban a hacer su procedimiento, por ley debieron de notificarnos. Por lo menos, tuvieron que habernos hecho tres notificaciones, y no nos hicieron ninguna. Esto no es más que una arbitrariedad y nosotros no podemos seguir esperando más, porque tenemos nuestra mercancía retenida prácticamente y sin poder sacarla”, puntualizó la trabajadora informal.