El vocero de la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), Stephane Dujarric, expresó la preocupación del organismo por los conflictos que atraviesa Bolivia, que este martes cumple 23 días de bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales.
Dujarric manifestó en conferencia de prensa que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, “está siguiendo de cerca y con preocupación la escalada de tensiones en ese país e insta a las partes a actuar con moderación y evitar cualquier acto de violencia”. Agregó que el secretario “llama a los actores políticos a resolver sus diferencias por medios pacíficos y en respeto a los derechos humanos”.
La declaración de la ONU se dio luego de que se vivieran jornadas de violencia en medio de operativos policiales de desbloqueo de rutas, en las que tanto el Gobierno como los seguidores de Morales han denunciado agresiones.
Morales respondió a la preocupación del organismo a través de una carta en la que afirma estar dispuesto al diálogo. Sin embargo, tanto él como el Gobierno de Luis Arce condicionan el encuentro. Por un lado, el líder del MAS exige que se debatan cuestiones económicas y políticas y que “cese la represión”, mientras que la administración de Luis Arce se niega a debatir asuntos que no son competencia del Órgano Ejecutivo, como la validación de un congreso del partido que ratificó a Morales como su líder y lo proclamó candidato a la presidencia para las elecciones de 2025.
En su carta a la ONU, Morales calificó de “represión” el operativo militar y policial ejecutado el viernes para levantar los piquetes y consideró que hubo una “falta de respeto a los derechos humanos”.
Tras los operativos de ese día, Morales intentó tomar distancia con los bloqueos al pedir a sus seguidores que levanten las barricadas e iniciar por su cuenta una huelga de hambre. Las organizaciones afines al ex presidente se negaron a suspender la medida de presión y este martes se registran 15 cortes de carretera, principalmente en el departamento de Cochabamba (centro), que conecta al oriente y occidente del país.
La medida de presión inició el 14 de octubre en respaldo a líder cocalero que enfrenta una posible aprehensión por un caso de trata de personas y estupro. Las demandas fueron mutando y luego se sumaron exigencias de carácter económico y político. En ese sentido, Morales justificó la decisión de sus seguidores como una “medida de presión legítima ante la crisis económica y política que afecta al país, después de haber sido ignorados y criminalizados durante los últimos meses por el Gobierno nacional”.
El conflicto se da en medio de una pugna de poder entre Luis Arce y Evo Morales por el control del partido y la próxima candidatura, en un contexto adverso para el país que desde hace más de un año atraviesa dificultades económicas, que han derivado en el desabastecimiento de dólares, el surgimiento de un mercado paralelo de divisas, el incremento de los precios y la escasez, cada vez más aguda, de combustible.