Advirtamos, de entrada, que lo que debería estar en marcha ahora mismo es un proceso de negociaciones serio y firme, como el que han solicitado varias veces los triunfadores de la pasada elección presidencial y al que se han negado los representantes del régimen derrotado entonces. Eso es lo que deberá estar sucediendo ante el desconocimiento del triunfo de Edmundo González Urrutia y a ese propósito deberíamos dirigir todos los esfuerzos. Por desgracia, el régimen se rehúsa a discutir esa posibilidad, lo que sin duda agrava la crisis venezolana actual.
Pero ese es un tema que requiere un tratamiento aparte. Quiero referirme en estas notas al asunto planteado al inicio: la posibilidad sugerida tímidamente por algunos opositores de asistir a unas eventuales elecciones parlamentarias y regionales. Un planteamiento como este, sin duda, burlaría la esperanza de cambio de millones de compatriotas que ansían salir de esta tragedia de 25 años que ha arruinado y saqueado a Venezuela como nunca antes.
Uno supone que quienes han insinuado esa posibilidad, si actúan de buena fe, son entonces gente sin contacto con la realidad, sin los pies sobre la tierra, moradores en alguna nebulosa, es decir, una especie de astronautas políticos. No faltan, por supuesto, aquellos que, sin disimulo, acuden a algunos de los escasos programas televisivos permitidos con un guión preparado culpando ahora a María Corina y a Edmundo por no haber cobrado la victoria –en la que algunos de ellos nunca creyeron, ni trabajaron a su favor–, mientras se devanan los sesos inventando diversas teorías al respecto, pero sin referirse ni por un momento al golpe de Estado que se viene ejecutando para desconocer la voluntad popular ni a sus costos humanos, como tampoco a los numerosos obstáculos que el régimen le puso en la ruta electoral a los auténticos ganadores de la pasada contienda presidencial.
Si, por el contrario, esa misma gente lo que busca es “normalizar” la situación política del país aceptando los resultados electorales anunciados por el régimen –con lo cual, a su vez, ellos mismos avalan la usurpación–, entonces obedecen a otros intereses. O, a lo mejor, pretenden convertirse en una “nueva” oposición permitida por el régimen, aunque sigan estando huérfanos del apoyo popular que no han podido lograr.
En cualquier caso, su actitud le hace un gran servicio al régimen y constituye un desconocimiento al indiscutible mandato popular del 28 de julio pasado. Porque pretender a estas alturas “pasar la página” del triunfo opositor de González Urrutia y María Corina implica, sin duda, una absurda posición política que justifica el fraude y, además, desconoce que aquí en Venezuela se está jugando el futuro de la democracia en el continente y más allá.
Y esta es una circunstancia muy lamentable. Si, como lo han expresado voces muy autorizadas, hoy el problema contemporáneo a nivel planetario no es la añeja confrontación entre derechas e izquierdas sino entre democracia y libertad versus dictadura y autoritarismo, entonces no hay duda de que, al obviar el mandato popular del 28 de julio, no sólo se estaría dando respaldo a la usurpación sino igualmente desconociendo la voluntad soberana de la inmensa mayoría de los venezolanos y contribuyendo al hundimiento final del sistema democrático.
Por todas estas razones, aquí hay que resolver primero lo primero antes que pensar en otras elecciones, pues resulta inaceptable e indigno desconocer el mandato de los venezolanos expresado el pasado 28 de julio. Además, sería ocioso asistir a otro proceso electoral con el actual CNE, de por sí desprovisto de la confianza de los venezolanos dada su última actuación. Por cierto que ya voceros del madurismo han adelantado que sólo permitirán que participen en esas “elecciones” parlamentarias y regionales aquellos que previamente reconozcan a Maduro, una condición inconstitucional e ilegal, desde luego.
Se trata, además, de respetar el orden de prioridades, por lo que aceptar que se escamotee la pasada elección presidencial a cambio de unas pocas gobernaciones y alcaldías o de algunas diputaciones devaluadas que el régimen se digne adjudicar a la “oposición cómplice” que acuda a esos comicios, sería el colmo de la estolidez ante la colosal tragedia que sufrimos los venezolanos.
Y todo ello significaría, por si fuera poco, un irrespeto a la memoria de quienes han caído en esta lucha o están presos, secuestrados o exiliados por su compromiso con la democracia venezolana. No es poca cosa, desde luego.