Los fiscales federales están ampliando su investigación sobre un esquema de sobornos que involucra a dos ex supervisores de la DEA, centrando su atención en dos abogados defensores de Miami sospechosos de beneficiarse de repetidas filtraciones de información confidencial de la DEA.
Por AP
La Fiscalía de Estados Unidos en Manhattan presentó el lunes documentos judiciales acusando a los abogados de financiar el plan y pidiendo a un juez que permita a los fiscales revisar casi 1.000 correos electrónicos, mensajes de texto y grabaciones de llamadas telefónicas protegidas entre los abogados y Manny Recio, un ex agente de la DEA que luego trabajó para los abogados como investigador privado.
Las comunicaciones de los abogados con sus clientes y los miembros de su equipo de investigación son confidenciales y normalmente están fuera del alcance de las fuerzas del orden, a menos que se utilicen para llevar a cabo una actividad delictiva. Pero los fiscales federales tomaron la inusual medida esta semana de pedirle a un juez que invoque la “excepción por fraude criminal” a este privilegio, calificando las comunicaciones entre Recio y los abogados David Macey y Luis Guerra como “parte integral del esquema de soborno”.
La moción marcó un cambio radical para los fiscales, que durante años se esforzaron por evitar nombrar a los abogados como co-conspiradores no acusados ??y beneficiarios de la conspiración. Ni Macey ni Guerra han sido acusados, pero los fiscales se refirieron a ellos como “abogados corruptos” que “pagaron generosamente por secretos de la DEA” durante un juicio de dos semanas que terminó en noviembre con un jurado que declaró a Recio y al ex agente de la DEA John Costanzo Jr. culpables de soborno y fraude electrónico de servicios honestos.
“Estamos aquí planeando cómo vamos a ganar dinero, dinero, dinero”, dijo Guerra en una conversación interceptada con Costanzo.
Macey y Guerra no han respondido a las reiteradas solicitudes de comentarios. Ambos abogados son miembros desde hace mucho tiempo de lo que en Miami se conoce como el “bar de la pólvora blanca”, un círculo ferozmente competitivo de abogados defensores con salarios muy altos que se pelean por conseguir clientes que sean capos, negociar acuerdos de entrega y convertirlos en cooperadores del gobierno.
En un campo tan lucrativo, la notificación previa de una acusación o de una investigación en curso puede ser la clave para conseguir un nuevo cliente, pero pagar a funcionarios públicos por información privilegiada es ilegal.
Los fiscales dijeron en el juicio que después de jubilarse Recio le pidió repetidamente a Costanzo que buscara nombres en una base de datos confidencial de la DEA que rastrea las investigaciones federales de interés para sus nuevos empleadores. Los dos también hablaron sobre el momento del arresto del principal narcotraficante en la República Dominicana y la fecha exacta en 2019 en que el gran jurado debía acusar al empresario Alex Saab, un importante objetivo criminal en Venezuela y sospechoso de ser el intermediario del presidente del país, Nicolás Maduro.
“Durante todo el plan de sobornos, Costanzo filtró información repetidamente a Recio para beneficiarlo a él y a los abogados con los que trabajaba”, escribieron los fiscales en un memorando de 28 páginas que cita comunicaciones interceptadas entre Recio y Costanzo presentadas durante el juicio. “Costanzo estaba filtrando información para que Macey y Guerra pudieran atraer más clientes, y parte del plan requería que Recio transmitiera la información privilegiada a Macey y Guerra”.
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