Madres de presos políticos duermen en el suelo esperando la libertad de sus hijos

Madres de presos políticos duermen en el suelo esperando la libertad de sus hijos

Desde que el Fiscal Tarek William Saab anunció la revisión de 225 causas, el viernes 15 de noviembre, el silencio de las autoridades aumenta la zozobra entre las madres y demás familiares que todavía tienen a sus seres queridos tras las rejas.  “No sabemos si van a salir, si van a quedar ahí. Salieron otros muchachos de la misma causa y no entiendo por qué no le dan la libertad a mi hijo”, detalló la madre de un adolescente detenido arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones poselectorales, en el estado Carabobo.

En el Internado Judicial de Carabobo, mejor conocido como cárcel de Tocuyito, un grupo de madres duerme encima de cobijas gruesas, afuera de una licorería cercana al penal. “Esto es horrible, no se lo deseo a nadie. A las 4:00 a. m. nos despertamos y nos movimos hasta una plaza cerca del penal, porque no nos dejan estar en frente esperando”.

Los familiares no disponen de dinero suficiente para costear un hotel, que en el caso de las adyacencias de Tocuyito ronda entre $20 y $25 la noche, o una habitación en viviendas cercanas al penal que cuestan entre $3 y $5. Además, pagan $2 cada vez que quieren ir al baño.

“Mi familia me pasa $5 o $10 para ayudarme porque ya no tengo dinero, yo duermo en la calle con otras mamás, porque si pago un hotel o una habitación no me alcanza para comer”, detalló una madre al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La misma situación se repite en otros centros penitenciarios a donde se trasladaron los parientes, aunque no recibieron la llamada del defensor público que les impusieron, la cual les notifica que deben  llevar una muda de ropa para esperar a los jóvenes afuera de la cárcel una vez recibieran la boleta de excarcelación.

“Estoy aquí desde el sábado y no me quiero mover por si le dan la libertad a mi hijo”, contó una madre desde el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda.

En el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón, los familiares que no tienen dinero para pagar una habitación duermen afuera del recinto, en el piso. “Tenemos muchísima angustia, desde el sábado el director no volvió a salir y no sabemos nada”.

Por otra parte, las madres y otros seres queridos de los adolescentes detenidos arbitrariamente en Caracas siguen a la espera de noticias tras el anuncio de Saab. La tarde del sábado, 16 de noviembre, recibieron llamadas de los defensores públicos para pedirles que se dirigieran al Palacio de Justicia; sin embargo, momentos después les notificaron la suspensión del proceso.

“El defensor nos dijo que ellos (los adolescentes) van a quedar para el próximo lote”, sin aclarar fechas. Mientras tanto, la espera de quienes permanecen tras las rejas es aún más desesperante, todos quieren ser excarcelados pero no hay información oficial acerca de quiénes serán los próximos.

Según el relato de los jóvenes excarcelados, sus compañeros los despedían entre lágrimas y gritos, anhelando que pronto sean llamados para retornar a sus hogares. Hasta ahora, hemos visto la liberación de algunas personas con condiciones especiales, como quienes padecen enfermedades graves; sin embargo, aún permanecen detenidas muchas más con patologías preocupantes. Incluso quienes ingresaron sanos están enfermando debido a las condiciones de reclusión.

Según relató el familiar de uno de los hombres recluidos en Tocorón, muchos de los detenidos están sufriendo ataques de pánico y ansiedad, lo que genera temor entre los familiares, ya que estas crisis podrían llevarlos a atentar contra sus propias vidas.

Asimismo, los familiares manifestaron su desconcierto al no entender los criterios que se utilizan para decidir quiénes son excarcelados y quiénes no. La falta de acceso a abogados de confianza les impide obtener información precisa sobre el proceso de cada detenido. Por ello, exigen al Gobierno nacional una explicación clara y detallada sobre los procedimientos que se están llevando a cabo.

La Defensoría del Pueblo debe interponer una acción por la libertad de los presos políticos

En toda sociedad democrática, el respeto a los derechos humanos y la justicia imparcial son pilares fundamentales; sin embargo, en Venezuela, la existencia de presos por motivos políticos sigue siendo una evidencia preocupante de la erosión de las libertades fundamentales. En este contexto, es urgente que la Defensoría del Pueblo, como garante de los derechos establecidos en nuestra legislación, interponga una acción por la liberación inmediata y sin restricciones de todos los presos políticos.

En este punto es importante mencionar que el Defensor del Pueblo, Alfredo José Ruiz Angulo, en cumplimiento del artículo 281 de la Constitución venezolana, tiene la obligación de velar por los derechos humanos y actuar ante cualquier situación que implique violaciones de los mismos. Es por ello que su intervención activa es legalmente necesaria.

Humberto Prado, director del OVP, señaló: “La libertad de los presos políticos no es solo un acto de justicia, sino una reparación mínima a quienes nunca debieron estar tras las rejas porque son inocentes. No olvidemos que más de dos mil personas, entre adolescentes, hombres y mujeres, fueron encarcelados por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación”.

“Son muchas las mujeres, madres y esposas, que han dejado sus hogares para luchar por la libertad de sus seres queridos. Algunas pasan noches enteras en las calles, esperando noticias, durmiendo en condiciones indignas mientras sueñan con el regreso de sus hijos a casa. El régimen de Maduro no puede seguir sosteniendo su mandato sobre la angustia y el dolor de las familias que claman justicia y libertad para sus seres queridos”, puntualizó el abogado y defensor de derechos humanos.

Para finalizar, Prado exigió la publicación de un listado oficial de las personas privadas de libertad que fueron excarceladas durante los últimos días, en cumplimiento con el derecho a la información establecido en el artículo 51 de la Constitución, que asegura que toda persona tiene derecho a dirigir peticiones ante las autoridades y recibir respuestas oportunas.

“Nuestro mayor deseo es que los presos políticos puedan reunirse con sus seres queridos en Navidad. Hoy, tal como siempre, pedimos que la libertad y la justicia prevalezcan en Venezuela porque como decía Martin Luther King: No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos”, concluyó el director del OVP.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

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