El 28 de julio, con la elección presidencial, marcó un antes y un después en la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
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La resonante denuncia de “fraude electoral” desató una persecución que tuvo consecuencias para un sinfín de ciudadanos considerados inocentes, debido a que su único delito, según los familiares, amigos y defensores, fue haber participado en el proceso como votante o haber sido seleccionado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y atender el llamado obligatorio para prestar el servicio de miembro de mesa o testigo postulado por alguna de las organizaciones políticas adversas al chavismo. Incluso, hubo detenidos por celebrar lo que estaba a la vista: la contundente victoria de Edmundo González Urrutia, candidato opositor.
Terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública, son algunos de los delitos más comunes imputados a los presos políticos de todo el país, cuyas audiencias se dieron vía telemática, muchas de estas en horas de la noche y madrugada, sin permitirles a los procesados recurrir a una defensa privada, que en muchos casos los abogados que estaban disponibles pertenecen a organizaciones de defensa de derechos humanos.
El 8 de noviembre, el Foro Penal actualizó la lista de presos políticos en Venezuela, la cual fue enviada a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a Derechos Humanos en América del Sur de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde especifica que desde el 29 de julio de 2024, los detenidos han sido 1.836 ciudadanos acusados de violencia postelectoral, y unas 127 personas imputadas por otros motivos, pero también relacionados con política.
En su balance, el Foro Penal asegura: “Hemos registrado y calificado el mayor número de presos con fines políticos conocido en Venezuela, al menos en el siglo XXI”. Según el registro de esta ONG, los aprehendidos en el contexto postelectoral fueron 1.720 hombres y 243 mujeres; del total de detenidos, 1.801 son civiles y 162 militares, 1.894 adultos y 69 adolescentes.
El pasado 28 de octubre, la ONG Acceso a la Justicia hizo referencia que “la misión de la ONU denunció que se les ha impedido directamente a organizaciones como Foro Penal, Espacio Público o Fundehullan (Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos), asumir la representación de algunos de los detenidos, sin importar que hayan sido autorizados por sus familiares.
Aparte de esta irregularidad, ha habido persecución, amenazas, intimidaciones y han sido obligados a borrar material publicado para mantener la libertad.
El 20 de noviembre, Oscar Murillo, periodista y coordinador general de Provea, fue citado para comparecer el pasado miércoles 20 de noviembre ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Caracas, debido a una supuesta investigación llevada a cabo por el órgano de seguridad en San Cristóbal, estado Táchira, por la supuesta “comisión de un delito contemplado en la Ley contra el Odio, por Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, reseñó NTN24.
Un día antes, sobre esta citación y la persecución a los defensores de las ONG, el presidente electo por los venezolanos el 28 de julio, Edmundo González Urrutia, opinó a través de su red social X: “Defender derechos no es un delito”.
Hablan los defensores
Debido a las implicaciones y riesgos que en la actualidad tiene la labor de los defensores, lapatilla.com consultó a varias organizaciones venezolanas, obteniendo de voceros de la Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan), impresiones sobre lo que pretenden hacer para continuar con su trabajo o si la intención es desistir.
Pasada la elección presidencial el 28 de julio de este año, en Fundehullan han visto que el trabajo de defensa de los derechos humanos en Venezuela “ha sido limitado y obstaculizado por las autoridades venezolanas. La labor de promover y defender derechos humanos está siendo criminalizada”.
Una de las mayores interrogantes ante el accionar de los cuerpos policiales y de investigación, es conocer si realmente está comprometida la libertad e integridad de los defensores, a lo que la vocería de Fundehullan, expresó: “Ciertamente la integridad de los defensores cada vez está más comprometida y hay un claro aumento de la reducción del espacio cívico y democrático en el país”.
Con lo ocurrido al coordinador de Provea, es inocultable que recientemente ha habido casos de persecución, pero existen otras situaciones en meses anteriores, que pasaron sin mayor relevancia, sobre el acoso a defensores por parte de funcionarios policiales. En este sentido, Fundehullan reveló que “durante el mes de agosto, miembros abogados de la organización fueron amenazados por cuerpos de seguridad para no continuar asesorando a los familiares de las víctimas detenidas. “De lo contrario, podíamos ser objetivo de una detención”.
La presión ejercida por los cuerpos policiales ha tenido su efecto en los allegados a las ONG, complicando el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Venezuela, como ha sucedido en Fundehullan, que incluso se ha visto restringida en sus actividades.
“Muchos abogados y defensores que apoyan a nivel legal y litigio se han abstenido de apoyar a Fundehullan por temor a represalias de las autoridades estatales”.
A pesar de todo, el contacto con los familiares de los presos políticos en el contexto postelectoral, ha continuado: “Hemos mantenido buenas relaciones de asesoría técnica jurídica, pero como es de conocimiento público, a las personas detenidas no se les ha permitido la juramentación de la defensa privada en ninguna etapa del proceso”.
Seguir con el trabajo de defensa es el objetivo de Fundehullan. “Creemos que hay que seguir exigiendo a las autoridades venezolanas la libertad plena de las personas privadas de libertad, sobre todo recordar que en el artículo 43 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, la salud y la vida de las personas privadas libertad es responsabilidad del Estado”.
Panorama post 28 de julio
La situación de los defensores de derechos humanos y los presos políticos en Venezuela continúa siendo crítica, caracterizada por un clima de hostigamiento, criminalización y represión.
Los eventos ocurridos tras el 28 de julio de 2024 han agravado esta situación, evidenciando un recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos.
Desde la fraudulenta elección presidencial se ha observado un incremento en las detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y procesos judiciales viciados en contra de activistas, líderes opositores y ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta pacífica.
Estas acciones buscan silenciar a quienes denuncian las violaciones de derechos humanos y limitar el espacio cívico.
Perfil de los nuevos presos políticos
Las personas encarceladas tras el 28 de julio, presentan un perfil diverso:
– Jóvenes manifestantes: Muchos de ellos participaron en protestas pacíficas y fueron detenidos arbitrariamente.
– Líderes estudiantiles: Estudiantes universitarios que han sido líderes en las manifestaciones y han organizado protestas.
– Periodistas y comunicadores sociales: Quienes han informado sobre las protestas y la situación política del país.
-Defensores de derechos humanos: Activistas que trabajan en la defensa de los derechos humanos y han denunciado las violaciones cometidas por el gobierno.
Condiciones de detención
Los presos políticos en Venezuela enfrentan condiciones de detención inhumanas y degradantes, que incluyen:
– Aislamiento: Muchos presos son sometidos a aislamiento prolongado, lo que afecta su salud mental y física.
– Tortura y malos tratos: Existen denuncias de tortura y malos tratos durante las detenciones y en los centros penitenciarios.
– Acceso limitado a atención médica: Los presos políticos no reciben la asistencia médica adecuada, lo que pone en riesgo su vida.
– Negación del derecho a la defensa: En muchos casos, los presos políticos no tienen acceso a abogados y sus derechos procesales son vulnerados.
Impacto en la sociedad civil
La persecución de defensores de derechos humanos y presos políticos tiene un impacto negativo en toda la sociedad civil venezolana.
Crea un clima de miedo y autocensura, limitando la participación ciudadana y debilitando las organizaciones de la sociedad civil.
La comunidad internacional está obligada a ejercer presión sobre el Gobierno venezolano para que cese la persecución de defensores de derechos humanos y presos políticos, y garantice el respeto a los derechos humanos.
Es fundamental que se establezcan mecanismos internacionales de monitoreo y verificación de la situación en Venezuela, así como la implementación de sanciones selectivas contra los responsables de violaciones de derechos humanos.
Exigencias y recomendaciones
– Liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos.
– Puesta en marcha de mecanismos de protección para defensores de derechos humanos.
– Investigación independiente y transparente de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos.
– Garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
– Fortalecer la cooperación internacional para apoyar a la sociedad civil venezolana.
La situación de los defensores de derechos humanos y los presos políticos en Venezuela es una crisis humanitaria que requiere una respuesta urgente y coordinada de la comunidad internacional.