Amnistía Internacional (AI) expresó este lunes su preocupación por el aumento de la violencia contra niñas y mujeres en Perú y alertó acerca del avance de normas que ponen en mayor riesgo sus derechos.
“Hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, expresamos nuestra preocupación por la creciente violencia que enfrentan a diario miles de niñas y mujeres en el Perú y advertimos sobre el avance de normas que ponen en mayor riesgo sus derechos“, expresó la organización en un comunicado.
Sostuvo que, pese a que las consecuencias de la violencia de género pueden ser devastadoras, e incluso provocar la muerte de mujeres y niñas, el crecimiento de estos casos, “así como el debilitamiento de las políticas que combaten esta violencia”, muestran que la erradicación de la violencia machista no es una prioridad para el Estado peruano.
Entre enero y octubre de este año, 8.627 mujeres fueron registradas como desaparecidas (de ellas, el 66 % son niñas y adolescentes), de las cuales solo la mitad han sido ubicadas.
“Ellas corren un alto riesgo de ser víctimas de trata de personas, violencia sexual o feminicidio, por lo que su búsqueda debe ser inmediata“, indicó.
Además, se han registrado 123 casos con características de feminicidio entre enero y septiembre de este año, y de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, aproximadamente el 22 % de las víctimas de feminicidio habían sido reportadas previamente como desaparecidas.
Por otro lado, AI consideró que otra expresión de violencia de género es que miles de niñas y mujeres víctimas de violación sexual siguen siendo forzadas a ser madres en el país.
Según cifras oficiales, en los primeros diez meses de 2024, 836 niñas y adolescentes se convirtieron en madres, entre ellas una niña menor de 11 años.
“En lugar de protegerlas, en numerosos casos el Estado peruano ha obstaculizado su derecho al aborto terapéutico, situación que ha puesto en riesgo sus vidas“, agregó.
Subrayó que pese a estas cifras de violencia sexual, la promulgación de la Ley 31498 en 2022, “debilitó la educación sexual integral, herramienta esencial para una educación basada en derechos“, y en 2023, con la Ley 31935, que reconoce derechos del concebido, “se puso en mayor riesgo la aplicación adecuada del aborto terapéutico“.
“Frente a esta situación de desprotección, Amnistía Internacional insta a las autoridades a unir esfuerzos que apunten a impulsar normas que eliminen el machismo estructural, rechazando todas las iniciativas o leyes que representen retrocesos en la lucha de las mujeres por vivir en igualdad y libres de violencias, reforzando todos los programas contra la violencia de género“, concluyó. EFE