La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido la Resolución de Seguimiento, Modificación y Ampliación 87/2024, extendiendo las medidas cautelares a favor de Franklin Alfredo Caldera Cordero, defensor de derechos humanos en Venezuela, así como de su esposa, Yuraima Martínez, y su hijo, Franklin Caldera Martínez, quien se encuentra privado de libertad.
La decisión responde a los graves riesgos documentados por Defiende Venezuela, que incluyen amenazas de muerte, hostigamientos y seguimiento a Caldera Cordero debido a su labor en defensa de los derechos humanos.
La situación se agravó tras acusaciones infundadas de que él participaba en presuntos planes de desestabilización por haber viajado fuera del país. Estas amenazas también se han extendido a sus familiares.
La CIDH evaluó información alarmante sobre las condiciones de detención de Franklin Caldera Martínez, exteniente del ejército venezolano, quien presuntamente ha sido víctima de tortura y carece de acceso adecuado a tratamiento médico, mientras se encuentra en condiciones penitenciarias incompatibles con estándares internacionales. Asimismo, Yuraima Martínez ha sido objeto de amenazas y vigilancia constante.
Ante esta situación, la CIDH lamentó la falta de acción por parte del Estado venezolano para implementar medidas de protección que garanticen la seguridad e integridad de las personas beneficiarias.
Exigencias de la CIDH al Estado venezolano:
– Mantener medidas de protección para Franklin Caldera Cordero y ampliar su alcance para incluir a su hijo y esposa.
– Garantizar condiciones de detención adecuadas para Franklin Caldera Martínez, asegurando acceso a atención médica especializada y evaluando alternativas a la privación de libertad.
– Proteger la labor de defensa de derechos humanos de Caldera Cordero, incluyendo el acceso a procesos judiciales transparentes y seguros.
– Concertar medidas de protección con las personas beneficiarias y su representación legal.
– Investigar con debida diligencia las amenazas, torturas y demás hechos de violencia reportados, especialmente aquellos atribuidos a agentes estatales.
Ante esto, la ONG Defiende Venezuela considera que esta decisión representa un avance significativo en la protección de defensores de derechos humanos y sus familias en contextos de extrema vulnerabilidad.
Asimismo, exhorta al Estado venezolano a implementar de inmediato estas medidas y a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.