Es un concepto arraigado en la historia y la conciencia colectiva de las naciones. Evoca imágenes de lealtades rotas y actos que ponen en peligro la seguridad e integridad del Estado. Sin embargo, su significado preciso varia a lo largo del tiempo entre los diferentes sistemas jurídicos y políticos.
Desde la perspectiva jurídica, se define como un delito que implica deslealtad hacia el Estado. Se manifiesta en colaborar con el enemigo en época de guerra, revelar secretos o participar en actividades subversivas. Pero, no se concibe estático, se desarrolla y adecúa a los cambios de las estructuras políticas y sociales. La democracia, lo entiende en el contexto de valores que sustentan el orden constitucional, como libertad, igualdad y respeto a los Derechos Humanos.
En un mundo conectado, acercándose cada vez más, en culturas, sociedades y mercados, la complejidad luce inmensa, y la noción de traición se expande más allá de los del hecho de espionaje o asistencia con enemigos extranjeros.
¿Qué actos pueden considerarse traición en la actualidad? Corrupción, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, que carcome la confianza en las instituciones y debilita el Estado de derecho. Episodios de violencia que desestabilizan al Estado o atentan contra la vida de sus representantes, en especial, cuando concurre el apoyo de fuerzas externas. La propagación de noticias falsas y discursos de odio para dividir a la sociedad, vulnerando la democracia, atentando contra la cohesión social y estabilidad. Colaborar con grupos terroristas y participar en sus actividades o financiación, son actos infractores y pueden considerarse traición.
Sin embargo, se debe ser extremadamente cuidadoso con la interpretación sobre la determinación de si un acto constituye o no traición a la patria, requiere escrupulosa exegesis y minucioso estudio de normas jurídicas y valores fundamentales de la sociedad. Es esencial evitar lo excesivo en explicar el sentido amplío del concepto traición, ya que, sin duda, será utilizado por los enemigos de la democracia para justificar la violación de los Derechos Humanos, y limitar la libertad de expresión y asociación.
La traición a la patria es un concepto complicado y multifacético que exige reflexión audaz, decidida; el constante cambio, reclama adaptar la definición a nuevas realidades y desafíos emergentes. Su lucha obliga basarse en el respeto incondicional a los Derechos y en la defensa de los valores democráticos.
La historia está repleta de casos que han desafiado definición y límites de la traición a la patria. En la Guerra Civil Española, ¿eran traidores quienes se alzaron contra el gobierno republicano o aquellos que lucharon por la República? Este caso evidencia la complejidad en determinar quién es leal y quién no en situaciones de conflicto interno.
Edward Snowden, excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, reveló información clasificada sobre programas de vigilancia masiva; lo que, generó un debate sobre si sus acciones constituían traición o, por el contrario, un acto de valentía al denunciar prácticas que consideraba ilegales y perjudiciales para la privacidad.
En la era digital, se ha vuelto aún más compleja. Difusión de desinformación, ataques cibernéticos a infraestructuras, como redes eléctricas o sistemas financieros, causan graves daños y minan la estabilidad de un país. Manipulación de procesos electorales a través de campañas de desinformación o interferencia en sistemas de votación que alteran el resultado de las elecciones y sepultan la legitimidad de un gobierno. ¿Constituyen estas agresiones un acto de traición?;¿Cómo abordarlos?;¿Cuáles son los límites entre libertad de expresión y traición a la patria?;¿Cómo garantizar que la acusación de traición no se utilice como persecución política?;¿Qué papel deben desempeñar los medios de comunicación en la lucha contra la desinformación y propaganda?
Traición a la patria evoluciona y continúa relevante. En la era de la interconexión, la línea entre la lealtad y la traición se vuelve cada vez más difusa. Las sociedades democráticas deben desarrollar marcos legales y mecanismos de control que permitan identificar, sancionar, al tiempo que garanticen respeto al Derecho Humano y libertad de palabra. Hay que estimular el debate sobre un tema de preeminencia para la democracia. No es solo una cuestión jurídica, sino también un desafío ético, moral y político que concierne a todos
@ArmandoMartini