De acuerdo con el testimonio de familiares de los presos políticos y las denuncias sobre el trato cruel en los diferentes centros de reclusión, pareciera ser que la tortura forma parte de la genética policial del Estado venezolano, aseveró este miércoles el director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, doctor Alonso Medina Roa.
Durante una entrevista concedida al periodista Vladimir Villegas, el abogado manifestó que históricamente han existido denuncias con respecto a las torturas y los tratos crueles en las cárceles venezolanas, lo que se evidencia nuevamente con los presos políticos postelecciones del 28 de julio.
Añadió que politizar este tema no permite ver con estricto apego a la norma la realidad de lo que está ocurriendo en las prisiones del país.
Por eso Medina Roa expresó: “Si queremos reconciliar a nuestra sociedad, el mejor acto es la liberación de los presos políticos no solo post 28 de julio, sino de los más de 200 que fueron detenidos antes”.
Al ser consultado sobre la recién aprobada Ley Libertador Simón Bolívar por parte de la Asamblea Nacional, manifestó su preocupación porque, desde el punto de vista jurídico, la norma establece penas entre 25 y 30 años con delitos muy subjetivos que atentan contra lo definido por los abogados como la tipicidad, es decir, la descripción de la conducta que puede ser sancionable según lo establecido en los códigos y leyes venezolanas.
“La Ley Libertador Simón Bolívar genera inseguridad jurídica, porque también establece penas accesorias de 60 años como las inhabilitaciones, con lo cual también se viola el principio de proporcionalidad”, puntualizó.
Más adelante, comentó que la norma incluye aspectos que rayan en lo inconstitucional, porque limita las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena (régimen abierto, destacamento de trabajo o libertad condicional), previamente establecidas en el derecho procesal penal venezolano.
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