Cuando la pandemia del COVID-19 azotó al país en el 2020, Cassandra Yolanda Clarke fue una más entre los millones de propietarios de pequeños negocios que le solicitaron ayuda financiera al gobierno federal.
Por Jay Weaver | El Nuevo Herald
Clarke, dueña de un negocio de tratamiento de belleza, pidió dos préstamos respaldados por el gobierno federal para poder pagar la nómina de sus dos compañías, Narotique Med Spa, en Pembroke Pines, y Narotique Beauty Bar, en Miami Gardens. Al menos eso fue lo que argumentó en las solicitudes.
Pero, según dijeron fiscales federales, lo que realmente Clarke hizo fue estafar al Programa de Protección de Cheques de Administración de Pequeños Negocios (SBA), dándole información falsa sobre los empleados de su compañía, así como sobre salarios y documentos de impuestos para solicitudes de préstamos que se presentaron a través de un “cómplice”. Según un encausamiento que se presentó esta semana, Clarke recibió ilegalmente dos cuantiosos préstamos garantizados por la SBA: uno de $420,552 y otro de $431,342 entre abril y agosto del 2020.
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