La ONG de Venezuela Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este lunes “requisas invasivas” a mujeres que visitan a sus familiares, detenidos tras las presidenciales del 28 de julio, en la cárcel de Yare III, en el estado Miranda (norte).
“Nos mandaron a desnudar y nos revisaron la ropa en el piso. Después me mandaron a poner en un rincón, me pidió que recostara la espalda en la pared y abriera las piernas como si fuera a parir“, dijo una mujer al OVP, citada en una nota de prensa.
La organización destacó que las “requisas invasivas” contravienen los “principios básicos de la dignidad humana” y constituyen “una forma de tortura psicológica“.
Asimismo, instó al Ministerio Público (Fiscalía) a abrir una investigación penal contra “estos perpetradores de violaciones a los derechos humanos”, quienes -aseguró- “actúan bajo la mirada pasiva del Estado“.
Por su parte, el partido opositor Voluntad Popular (VP) alertó al mundo sobre las “prácticas atroces” a las que el “régimen de Nicolás Maduro” somete a las madres de presos en Yare III.
“Ninguna mujer debe ser o sentirse violada por nadie, mucho menos por funcionarios del Estado“, afirmó VP en X, a la vez que exigió poner fin a “estas violaciones disfrazadas de requisas“.
Este lunes, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó en X sobre la consignación de un documento ante la Fiscalía en el que se denuncian “tratos crueles, inhumanos y degradantes“, así como la “constante violación a los derechos humanos“, de los que “han sido víctimas los presos políticos y familiares”.
El pasado miércoles, la ONG FundaRedes alertó sobre las condiciones de reclusión que sufren las “presas políticas” en Venezuela -como hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos-, al tiempo que denunció “patrones de violencia que se repiten“, como psicológico, sexual, institucional y físico, que -manifestó- reflejan las “graves violaciones de derechos humanos“.
Distintas organizaciones exigen a diario la libertad sin restricciones de los “presos políticos” en el país, un total de 1.905 -según la ONG Foro Penal-, la gran mayoría detenidos tras las elecciones, cuando se desató una crisis política a raíz de la proclamación de la controvertida victoria del presidente Nicolás Maduro, otorgada por el ente electoral nacional, y la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora. EFE