A menos de un mes de que en Caracas se cumpla el plazo para llevar a cabo el traspaso de poderes tras la celebración de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio, en España, el Congreso y el Senado elevan la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez para que adopte una posición nítida en favor del líder opositor Edmundo González Urrutia, reconociéndolo como ganador de los comicios y presidente electo de Venezuela; solicitando a la Corte Penal Internacional (CPI) la detención de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad y reclamando el diseño de un “plan de respuesta” ante la eventualidad, muy probable, de que Maduro trate de emprender el 10 de enero un nuevo mandato en contra de lo expresado por los venezolanos en las urnas.
Por Marisa Cruz | EL MUNDO
La iniciativa que pide la elaboración de este plan B ha sido registrada por la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, y será aprobada por la mayoría absoluta que estos tienen en la Cámara Alta. La propuesta en concreto plantea trazar un plan de respuesta frente a la negativa del régimen venezolano a reconocer el resultado electoral de la convocatoria celebrada el 28 de julio pasado y su pretensión de mantener a Nicolás Maduro al frente del país. Igualmente pide al Gobierno que se posicione a favor del traspaso de poderes el próximo 10 de enero y haga efectivo el reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones tal y como ya aprobaron el Congreso y el Senado en sendas resoluciones los días 11 y 18 de septiembre. La moción que aprobará la Cámara Alta también insta a Pedro Sánchez a implicar a las instituciones de la UE y a la comunidad de Estados iberoamericanos a defender la necesidad de actuar en Venezuela para recuperar las libertades, la democracia y el Estado de derecho.
Además, este jueves en el Congreso se aprobó la proposición que insta al Ejecutivo a solicitar la detención de Maduro. La iniciativa salió adelante con los votos a favor del PP -el partido autor-, Vox y UPN y la abstención del PNV, Junts y Coalición Canaria. En contra se posicionaron el PSOE y sus aliados de izquierda: Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG. El resultado de la votación en este punto fue de 171 votos a favor, frente a 161 en contra y 13 abstenciones.
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