Monómeros Colombo Venezolanos C.A., vuelve a ser noticia. El embajador colombiano en Venezuela anuncia que el gobierno de Maduro planea la venta de la empresa por 300 millones de dólares. Esta acción puede entenderse como parte de la estrategia del gobierno venezolano para anticiparse a las nuevas medidas restrictivas que pueda impulsar la Administración Trump, así que con esta jugada el gobierno nacional espera hacer caja.
Monómeros empresa fundada en 1967, tiene su sede en Barranquilla, produce el 38% de los fertilizantes que consume Colombia, emplea a 750 trabajadores y factura unos 300 millones de dólares anuales.
La importancia de la noticia, para nosotros, es que vuelve a plantear la viabilidad o no, de que el Estado continúe con la propiedad de empresas industriales, o que definitivamente las privatice, y ponga término a ese triste episodio de administración pública de dichas empresas.
El presidente Petro entró en la refriega manifestando su interés en adquirir la empresa que está 100% en manos del gobierno venezolano, porque de privatizarse “aumentarían el precio de los fertilizantes y afectaría al sector caficultor colombiano”. El político socialista vuelve a estos gastados argumentos para justificar la permanencia de la empresa bajo su tutela, para poder nombrar sus directores, colocar en los cargos a compañeros de su partido, en fin usarla para sacarle dinero. El ciudadano de hoy, me refiero al lector, debe mantener cierta suspicacia ante los argumentos de los políticos.
Este planteamiento no es una hipótesis. Bajo la presidencia interina de Juan Guaidó, la Administración de la empresa afrontó acusaciones de corrupción ligadas al manejo gerencial que de ella hicieron los partidos seudo opositores, Primero Justicia, Acción Democrática y Copei. Recientemente, Nicolás Maduro, al retomar el control de Monómeros, destinó 30 millones de dólares a su matriz, la Petroquímica de Venezuela PEQUIVEN, en un acto marcado por la opacidad.
El argumento que usa el locatario de la Casa de Nariño, además, carece de fundamento, porque los precios de los fertilizantes a nivel mundial son objeto de enorme competencia, o sea, son precios de mercado. Con mantener aranceles bajos, la competencia entre industriales y comerciantes tiende a normalizar los precios y disputar en base a variedad y calidad. De hecho, el arancel colombiano de fertilizantes es cero desde el 2007, y fue puesto ahí con ese propósito. Si el gobierno quiere subsidiar el precio, y por ende, no solo el mercado interno sino la exportación de café, debería entonces crear un subsidio directo al agricultor que puede ser financiado con los impuestos provenientes de las utilidades del sector petroquímico.
Lo de “fertilizantes baratos para los agricultores” es una medida demagógica más; Petro sale como el usufructuario político, sin costo alguno para él, y la empresa de Estado carga con el subsidio.
La experiencia venezolana de subsidio a los fertilizantes resultó catastrófica. Un ejemplo fue la finca de naranjas del empresario químico Hans Neumann, cerca de Miranda, un pueblito en el estado Carabobo, que, debido al uso excesivo de fertilizantes subsidiados envenenaron la tierra hasta 15 metros de profundidad, se estima que pasarán varias décadas antes de que esas tierras vuelvan a ser productivas.
Los gobernantes deben dedicarse a hacer políticas económicas sensatas, y una de ellas, es no dedicarse a mantener empresas industriales que viven en el continuo vaivén de la incertidumbre comercial.
Gerardo Lucas. Economista e Historiador, Htpps://gerardolucas@wordpress.com