El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este martes 17 de diciembre, a través de su cuenta en X (antiguo Twitter), las irregularidades y la supervisión policial durante los entierros de los presos políticos que fallecieron recientemente en el Internado Judicial de Tocuyito, estado Carabobo.
Por: lapatilla.com
Según detalló el OVP, la noche del pasado 16 de diciembre fue entregado el cuerpo sin vida de Osgual Alexander González Pérez a sus familiares. El hombre fue trasladado desde la cárcel de Tocuyito hasta la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, donde fue enterrado en la mañana del día siguiente bajo la constante vigilancia de funcionarios policiales.
“Los familiares de los presos políticos continúan siendo amenazados para callar las violaciones de DDHH a las que son sometidos”, señaló el OVP, haciendo referencia al control que se ejerció también en el entierro de Jesús Rafael Álvarez, quien también falleció en la misma prisión. El Observatorio Venezolano de Prisiones, consideró preocupante que ni siquiera se permita a los familiares despedir con dignidad a las víctimas.
El caso de Osgual Alexander González Pérez evidenció la situación de desatención médica en el sistema penitenciario, y el OVP recordó que González había presentado síntomas de fuerte dolor abdominal, fiebre y otras complicaciones, pero la falta de asistencia médica adecuada impidió que recibiera un tratamiento oportuno.
Familiares de reclusos en Tocuyito denunciaron que la crisis de salud dentro del penal es grave. Afirmaron que tras la muerte de González y Álvarez, las autoridades llevaron a cabo evaluaciones médicas a algunos presos; sin embargo, manifestaron que fueron revisiones superficiales y que no se han realizado los exámenes especializados necesarios para los casos más urgentes.
Ante esta situación, el OVP exigió la intervención inmediata del penal de Tocuyito y el inicio de una investigación penal sobre las muertes de los dos reclusos en menos de 72 horas, de las cuales se desconocen las causas exactas. La organización reiteró que el Estado es el único responsable de garantizar la integridad, salud y vida de los privados de libertad.
“Una vez más queda en evidencia cómo el Estado vulnera de manera sistemática el derecho a la salud de los privados de libertad”, concluyó el OVP.
