El expresidente francés Nicolas Sarkozy portará en los próximos días un brazalete electrónico, exigencia impuesta para el cumplimiento de la pena de un año de arresto domiciliario por corrupción y tráfico de influencias que el Tribunal Supremo convirtió en definitiva este miércoles.
Una condena inédita en el país, la primera de arresto contra un antiguo jefe del Estado, que ha levantado una tormenta jurídica, por la interpretación legal que conlleva, y política, por la importante influencia que el inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012 aún tiene en el país.
La sentencia del Supremo, un año y medio después de la dictada en Apelación, pone fin a su recorrido judicial en Francia, aunque Sarkozy anunció que proseguirá el combate judicial en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el de su imagen en el terreno mediático.
“Doce largos años de acoso judicial”
Retirado de la primera línea política pero con una elevada cota de popularidad, como reflejan las cifras de ventas de sus libros, Sarkozy se mantuvo combativo, siguió clamando su inocencia, se dijo víctima de “doce largos años de acoso judicial” en los que sus derechos fueron “pisoteados” y emitió dudas sobre el trasfondo político que podía tener la condena.
“¿Tengo que entender que mi papel político pretérito y las oposiciones que ha podido levantar han creado un clima corporativo y político que han llevado a esta condena?”, se preguntó.
El expresidente conservador fue condenado por haber prometido en 2014 al magistrado Gilbert Azibert usar su influencia para obtener un puesto honorífico en Mónaco, a cambio de obtener información que estaba bajo secreto de sumario en otra instrucción contra él.
Esa maniobra llegó a los investigadores que tenían pinchada la línea telefónica secundaria con la que Sarkozy se comunicaba con su abogado, sabedor de que la oficial también había sido intervenida en otro caso.
Tanto en primera instancia como en Apelación los jueces consideraron probada que había una intención corrupta y de tráfico de influencias, aunque esta nunca llegó a sustanciarse.
Por ello le condenaron a tres años de cárcel, dos exentos de cumplimiento y el restante con la posibilidad de hacerlo en arresto domiciliario con brazalete electrónico, pena confirmada ahora por la máxima instancia judicial del país.
En un comunicado difundido en sus redes sociales Sarkozy negó el fondo del asunto y aseguró que nunca habló con el juez Azibert, quien no se postulaba al puesto en Mónaco.
Pero también por la forma, puesto que señaló que la condena reposa en “fragmentos de conversación entre un abogado y su cliente, confidenciales por definición”, un argumento que muchos expertos franceses consideran válido.
Ahí reposará su línea de defensa en Estrasburgo, donde su abogado, Patrice Spinosi, aseguró que existe jurisprudencia que les da razón sobre el secreto profesional que rodea los contactos entre letrados y clientes.
Nada de eso evitará que Sarkozy lleve un brazalete electrónico en su tobillo en los próximos días, quizá ya el próximo 6 de enero cuando vuelva al banquillo de los acusados en la apertura del juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña de 2007 con fondos del régimen libio de Muamar Gadafi.
En el segundo semestre de 2025 tendrá otra cita con los jueces, en el proceso en Apelación por las cuentas de su campaña de 2012, en el que en primera instancia fue condenado a un año de cárcel, la mitad exento de cumplimiento y el resto también en arresto domiciliario, otra causa en la que sostiene su inocencia.
Además, Sarkozy está procesado en una investigación por presuntas presiones al testigo que le acusó de recibir dinero de Trípoli, una causa cuyo juicio todavía no tiene fecha.
Un cargado calendario judicial que degrada la imagen de un personaje que mantiene una enorme influencia política en el país.
Por su domicilio parisiense desfilan numerosos políticos en busca de su respaldo, esencialmente de la derecha conservadora, donde goza de una gran reputación, pero también de la extrema derecha y de la izquierda.
Además, Sarkozy es uno de los interlocutores habituales del actual presidente, Emmanuel Macron. EFE