Las denuncias de violaciones sistemáticas a los DDHH en Venezuela se incrementaron poco después de arrancar el 2024, cuando inició una ola de arrestos de activistas sociales, periodistas y dirigentes políticos de oposición, que, en muchos casos, se mantuvieron en situación de desaparición forzada, propiciando un clima de miedo generalizado que no cesó en todo el año.
Por: VOA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las prácticas que catalogó como “terrorismo de Estado”, críticas que Caracas rechaza, al denunciar a su vez una “campaña mediática” para desacreditar la gestión del presidente Nicolás Maduro.
Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, subrayó que el año estuvo marcado por la agudización de la política de represión implementada en los últimos 10 años.
“Lamentablemente lo que vimos fue una profundización de patrones represivos, tuvimos inhabilitaciones políticas que son parte de las formas de cercenar la participación que es un derecho humano. También vimos la persecución en forma de detenciones arbitrarias”, dijo a la Voz de América.
La denominada “furia bolivariana”, un plan cívico-militar policial del gobierno orientado a enfrentar “cualquier intentona terrorista”, considerado como parte de una estrategia de persecución por parte de la disidencia, resurgió conforme avanzaba la carrera rumbo a las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la inhabilitación a la líder, María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora de octubre de 2023, impidiendo así su participación en los comicios, y desatando una cadena de violaciones a los derechos fundamentales.
Desde entonces, la oposición sorteó una carrera de obstáculos hasta que logró designar al embajador retirado, Edmundo González Urrutia, como su abanderado para las presidenciales.
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