Este lunes se cumplió una semana del inicio de la huelga de hambre activada por miembros de la organización Alianza Nacional TPS (National TPS Alliance, en inglés) en las adyacencias del Tribunal Supremo, en Washington. Las gélidas temperaturas no han disipado a la decena migrantes del intento de pedir al presidente Biden una medida de protección antes de la investidura de Donald Trump el próximo 20 de enero. Piden una extensión del Estatus de Protección Especial (TPS, por sus siglas en inglés) para residir legalmente en el país por 18 meses más y complicarle los planes de deportación a la nueva Administración. El presidente electo ha sido claro sobre sus intenciones de eliminar programas de alivio migratorio como el parole humanitario, las citas de CBP One y el TPS.
Por El País
La huelga se inscribe dentro de la semana de acción contra las deportaciones que convocó el Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM, por sus siglas en inglés) a propósito del Día Internacional del Migrante, el pasado miércoles. “Conocemos las amenazas que se avecinan con la Administración de Trump (…) La huelga de hambre es para meter presión y exigir a Biden a que tome medidas antes de Navidad”, declaró José Palma, coordinador de la Alianza. Los manifestantes confían que repitiendo acciones como estas (que también se realizaron en el primer mandato de Trump) conseguirán permanecer en el país.
Los manifestantes permanecen en una iglesia metodista en la capital del país, y cuentan con provisiones de agua y solución isotónica. Se someterán regularmente a pruebas de tensión para comprobar su estado de salud.
“Biden, escucha, seguimos en la lucha”
Promulgado por el presidente republicano George Bush, el TPS fue creado para proteger a migrantes que se encuentran en territorio estadounidense y no pueden regresar a sus países de origen a causa de desastres naturales o conflictos internos que ponen en riesgo su integridad, e incluso sus vidas. Este beneficio les permite trabajar legalmente, y puede extenderse por seis, 12 o 18 meses. Actualmente, más de 600.000 inmigrantes de 16 países cuentan con él, pero si llegara a revocarse, estos deberán abandonar el país, lo que para muchos resulta impensable porque implicaría separarse de sus familiares.
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