La reciente multa de 10 millones de dólares, impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen de Nicolás Maduro, contra la plataforma TikTok, genera interrogantes sobre su factibilidad, dado que esta red social no cuenta con una oficina en el país.
Por: lapatilla.com
La sanción responde a la supuesta negligencia de la red social, al no evitar la difusión de retos virales que, según el TSJ, ocasionaron la muerte de tres menores y lesiones a decenas de personas.
Aunque la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, exigió el pago en un plazo de ocho días, la posibilidad de que TikTok cumpla con este mandato es dudosa, debido a la ausencia de una representación oficial en Venezuela.
La falta de oficinas de TikTok en el territorio venezolano complica la ejecución de la multa, ya que la empresa no está legalmente registrada bajo las normativas locales. Esto limita la capacidad del TSJ y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para hacer cumplir la sanción, que ocasionaría un posible riesgo de verse afectada la relación entre el régimen de Nicolás Maduro y China, país de origen de TikTok.
En caso de que TikTok decida no pagar la multa, el TSJ podría recurrir a acciones coercitivas, como el bloqueo de la aplicación en el país. Esta medida tendría un impacto negativo en los millones de usuarios que utilizan la plataforma para comunicarse, informarse o generar ingresos.
Además, podría fomentar el uso obligatorio de redes privadas virtuales (VPN) para eludir el bloqueo como actualmente se hace con X (anteriormente Twitter). Esto podría ahuyentar inversiones tecnológicas y aumentar el aislamiento digital del país, ya afectado por la censura digital en los medios de comunicación.
Si bien el TSJ argumenta que la medida busca proteger a niños y adolescentes, críticos del régimen chavista, consideran que esta acción es parte de un esfuerzo más amplio por controlar el flujo de información en redes sociales.