La ONG Foro Penal, reconocida por su labor en la defensa de los derechos humanos en Venezuela, compartió este 31 de diciembre un preocupante balance sobre la situación de los presos políticos en el país.
Por: lapatilla.com
Según la organización, al 30 de diciembre de 2024 se registraron 1794 personas privadas de libertad con fines políticos, la cifra más alta documentada en el siglo XXI bajo el régimen de Nicolás Maduro.
El informe desglosa los datos de la siguiente manera:
Hombres: 1.589
Mujeres: 205
Civiles: 1.632
Militares: 162
Adultos: 1.791
Adolescentes: 3
Entre estas cifras, 20 personas fueron encarceladas en la última semana de diciembre del año 2024, mientras que 75 fueron excarceladas. Además, 145 personas han sido condenadas, mientras que 1649 permanecen detenidas sin una sentencia definitiva.
La ONG también destacó que 31 personas se encuentran en paradero desconocido, lo que agrava aún más la situación de incertidumbre y violación de derechos humanos.
Contexto histórico
Desde 2014, el Foro Penal ha registrado 18 mil 128 detenciones con fines políticos en Venezuela. De este total, la organización ha asistido legalmente a más de 14.000 personas que posteriormente fueron excarceladas. Sin embargo, más de 9000 personas permanecen sometidas a medidas restrictivas arbitrarias de su libertad.
El informe fue enviado a organismos internacionales como la OEA y la ONU Derechos Humanos, para su verificación y certificación, reiterando la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela.
Denuncia y exigencia
Foro Penal subrayó que los números reflejan solo a quienes permanecen privados de libertad y no incluyen a aquellos que han sido arrestados y liberados en corto plazo.
La organización reiteró su llamado a la comunidad internacional para ejercer presión sobre el régimen de Maduro y garantizar la liberación de los presos políticos, así como el respeto a los derechos fundamentales de los venezolanos.
Esta denuncia llega en un contexto de creciente represión política y deterioro institucional en Venezuela después del fraude electoral en las presidenciales del 28 de julio, marcando un trágico cierre de año para la lucha por los derechos humanos en el país.
