La Fiscalía de Perú recoge información este jueves en el Parlamento sobre la investigación abierta contra un exfuncionario por la presunta comisión del delito de explotación sexual, en el marco de una supuesta red de prostitución dentro del Legislativo, un escándalo denunciado por la prensa a raíz del homicidio de una extrabajadora del Congreso.
Representantes de la Fiscalía en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro acudieron al Legislativo para acopiar información solicitada a diversas áreas del mismo, vinculadas con la investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia, ex jefe de la Oficina Legal del Congreso, por el presunto delito de explotación sexual.
El Ministerio Público precisó en su cuenta de la red social X que como parte de la diligencia, la Fiscalía recaba el registro de las cámaras del Edificio Complejo Legislativo, de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, así como documentos de la Oficina de Seguridad y del Departamento de Recursos Humanos.
Según la denuncia periodística, Torres Saravia fue el presunto responsable de la contratación de mujeres jóvenes en esa oficina legislativa para ofrecer favores sexuales a los legisladores, a cambio de su apoyo a las iniciativas del partido Alianza para el Progreso (APP), en el que milita el actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.
No obstante, la denuncia saltó a la primera plana de los medios cuando se informó que una de las extrabajadoras de la oficina liderada por Torres murió a consecuencia de una balacera cuando se trasladaba sola en un taxi por un distrito de Lima.
Este jueves, mientras la Fiscalía recogía información en el Parlamento, Salhuana ofreció una rueda de prensa en la que confirmó que los representantes del Ministerio Público estaban haciendo diligencias sobre este caso en ese poder del Estado.
Salhuana aseguró que “en el Congreso, no se esconde nada” y que están dando “todas las facilidades” para que reciban la información sobre las videocámaras y alguna otra documentación.
El congresista reiteró que “todos los actos administrativos son públicos” y que el Parlamento es “una de las pocas entidades del país que publica todas las acciones que realiza”, al descartar alguna actividad oculta en esa entidad oficial.
Salhuana también anunció la designación de Ángel Delgado como nuevo jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, además de la reorganización de la Dirección General de Administración del Parlamento.
Sobre las investigaciones abiertas sobre este caso, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dijo este jueves que el Ejecutivo hace votos para que “esta situación se supere” y que el Congreso recupere su fortaleza institucional.
EFE