¡Feliz Año 2025, tiempo de libertad y de conquista democrática!
Constitución República Bolivariana de Venezuela, artículos selectos:
Artículo 5, “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.
Artículo 6. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.
Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.”
En ejercicio de sus derechos al sufragio (artículo 63) y a “expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones” (artículo 57), los venezolanos plasmaron estos preceptos cardinales de nuestra Carta Magna el 28 de julio de 2024, eligiendo presidente de la República para el período 2025-2031 a Edmundo González Urrutia. Esta expresión fue contundente, superando los atropellos del oficialismo para torcer la voluntad popular. El resultado electoral fue inobjetable para la inmensa mayoría de la población, pues coincidía con su actuación como votantes, los exit-polls y las encuestas previas a los comicios. Pero, sobre todo, porque quedó registrado en las actas oficiales que pudo recoger la oposición, más del 85%, publicadas para acceso de cualquiera: la votación de EGU más que duplicaba la de Maduro. “Tendencia irreversible”, diría la tristemente recordada Tibisay Lucena: si el 15% de las actas faltantes fuesen un 100% a su favor, dejaría todavía corto a Maduro por una brecha de más de 2,4 millones de votos. Tal evidencia, contundente, ha hecho que la opinión democrática mundial haya asumido, de hecho, el triunfo de Edmundo González Urrutia. En dos platos, Maduro perdió de forma aplastante, pública y notoria la contienda política nacional más importante que pueda realizarse en el país conforme al marco constitucional de la República.
Pero cual Jalisco –si no gana arrebata—, Maduro y los suyos decidieron renunciar al plano de la lucha política para intentar revertir su derrota en el plano militar. Y es que Maduro ha sido un desastre en lo político. Desató el deterioro indetenible de sus bases de apoyo al haber destruido a la economía –¡hay que echarle bolas para arruinar a Venezuela como lo hizo él!–, y por sus mentiras, promesas incumplidas y desprecio por el sentir de la gente. El populismo que una vez activó a fuerzas mayoritarias a la lucha, tan efectivo en la retórica de su predecesor, perdió todo su fuelle con él. Maduro, el fracasado, ni siquiera pudo llenar la cuadra frente a Miraflores en el bonche que montó con artistas varios, comida y bebidas para celebrar el nuevo año. Queda una secta menguante de resentidos que parasitan de múltiples formas a la sociedad –el madurismo–, atrincherada en una burbuja de imposturas y clichés trasnochados, construida para alimentar su odio contra ese pueblo que manifestó su deseo firme de sacarlos del poder. Pretender investir a Maduro el 10 de enero es, por tanto, declararle la guerra al pueblo venezolano. En este orden, se le acusa de terrorista por defender los resultados electorales conforme al ordenamiento constitucional de la República.
Esa guerra requiere de militares prestos a masacrar a sus compatriotas y a violentar la constitución, es decir, a traicionar a la Patria. En particular, requiere negar lo dispuesto en su artículo 328:
“La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna…”
Ya el general Padrino López confesó su intención traidora, de acompañar a Maduro en la “investidura” que usurparía la presidencia de Venezuela el 10 de enero. Otros integrantes de la cúpula castrense podrían manifestar la misma disposición. Porque Maduro, bajo asesoría cubana, los corrompió deliberadamente con oportunidades variadas para su enriquecimiento (ilícito) a cambio de su apoyo. Y promovió a cargos directivos a los más contaminados por estas prácticas, en particular, a los que eran denunciados por su participación en acciones represivas y en la violación de derechos humanos. Se quedó, adrede, con los peores, compartiendo con ellos un destino común por su complicidad en la destrucción de la República. Los lleva a cerrar filas con él.
Pero ¿y el resto de los militares, oficiales y tropa, los funcionarios públicos que, conforme al artículo 145 de la CRBV, “están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna”? La mayoría votó contra Maduro, igual que sus familiares y amigos. Sus personas queridas han tenido que migrar ante la destrucción madurista de sus medios de vida, o han sido detenidas y/o maltratadas por los esbirros del régimen. Padecen, como el resto de sus compatriotas, del colapso de los servicios de agua, luz, gas, seguridad, transporte y del deterioro de la salud y de la educación públicas.
Artículo 25, CRBV: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.”
Artículo 131, CRBV. “Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución,…”
La destrucción de toda legitimidad por parte del núcleo madurista, ya sea constitucional, política, económica o social, lo desnuda ante la población venezolana y el mundo como una camarilla criminal empeñada en mantenerse en el poder con prácticas fascistas, para seguir expoliando a la Nación. Desapareció, pese a alegatos bufos de algunos de sus personeros, toda credibilidad en la pretensión “izquierdosa” de estar luchando por el socialismo, el poder popular, la revolución, contra el imperio y la “ultraderecha” como justificación de sus desmanes y atropellos. Su permanencia lo que promete es más deterioro, represión y miseria. Maduro se ha quedado sólo. El bochornoso anuncio de una recompensa por la captura de EGU, retrata el miedo que lo embarga. Y no hay vuelta atrás.
Artículo 333: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.”
Toca asumir la presidencia, a partir del 10 de enero, a Edmundo González Urrutia. Pase lo que pase, debemos felicitarnos de que el año que comienza habrá de ser el de la liberación definitiva del oprobio madurista. Agradezcámosle a Edmundo, a María Corina Machado, como a todos quienes pusieron su parte, con sus sacrificios y esfuerzos abnegados, para la concreción de tan noble fin.
Artículo 350, CRBV. “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.”