“Cierro los ojos y veo como caen a mi lado uno a uno los cuerpos de mis compañeros, veo a otros correr buscando salvar sus vidas, además escucho los gritos y las ráfagas de tiros. Frente a nosotros estaba un contingente de funcionarios con armas largas, tanquetas, ellos sin ninguna contemplación disparaban contra un grupo de hombres que estaba en el campito desarmados y en ropa interior. Aunque han pasado doce años, revivo esta escena una y otra vez como si fuera una película, pero para mí es una pesadilla que nunca tuvo justicia, es una cicatriz que llevo en mi mente y alma”, es así como recuerda un sobreviviente la masacre de Uribana.
Esta masacre se registró el 13 de enero del 2013 en el Centro Penitenciario de Occidente, cárcel conocida como Uribana, ubicada en el estado Lara. Se trataba de una requisa y conteo de privados de libertad pero culminó con la muerte de 65 personas, entre ellas 63 privados de libertad, dos pastores evangélicos y un funcionario de la Guardia Nacional, además de 120 presos heridos y el penal totalmente desalojado.
Varios ex reclusos que sobrevivieron a la masacre de Uribana conversaron con el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y rememoran como una serie de hechos violentos habían hecho que la opinión pública hablara de lo que sucedía dentro del penal larense, por lo que Iris Varela, quien entonces era Ministra de Asuntos Penitenciarios, habló con los pranes de Uribana y acordaron que se haría una requisa en la que entregarían parte de sus armas y además serían contados los reclusos.
Ese acuerdo fue pactado entre Gobierno y pranes. Al llegar el día, todos los presos accedieron a formarse en la cancha, a la que llamaban “campito”, pero antes de eso uno a uno era sometido a una revisión corporal por parte de los funcionarios.
Paralelamente, el anexo femenino era requisado, para ello sacaron a las mujeres del área para hacer la revisión y así mismo lo hacían en la “vaquera”, área en la que estaban recluidos los funcionarios detenidos. Cuando culminaron con las mujeres las dejaron entrar nuevamente al anexo, pero permanecían custodiadas por funcionarias.
“Estamos todos agachados esperando que revisaran las celdas, pero uno de los muchachos se quedó dormido en el área media. En eso, Nelson Braca, que era el director de Uribana, entró a buscarlo pero cuando lo saco lo estaba golpeando, lógicamente nosotros empezamos a gritar para defender al compañero y en vista de que no lo soltaban agarramos fue piedras en la mano y nos paramos, pero un guardia disparó y después de eso fue la locura, comenzaron a dispararnos, muchos corrimos tratando de refugiarnos en las torres, otros a sacar las armas de las caletas para enfrentar a los guardias y ese tiroteo se extendió por horas, hasta que los pranes nos ordenaron detener el fuego”, relató el sobreviviente.
“Los pranes negociaron su salida con la Ministra, y así fue que los llevaron a los penales que ellos pidieron, mientras a nosotros los que sobrevivimos ni nos consultaron, nos montaron en autobuses y nos sacaron. Esos traslados fueron otra pesadilla más, en ningún penal del país querían a los presos de Lara, a muchos los mataron y a otros les tocó vivir como desechados”, agregó.
Los presos fallecidos fueron enterrados en fosas comunes. El Ministerio Público, la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales de la misma institución, y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que fueron parte de la investigación, constataron que las heridas que tenían los presos fueron hechas con armas de alto calibre en específico fales, que estaban en poder de los funcionarios y además contaron con los testimonios de los heridos.
Para ese entonces se anunció una investigación en la Asamblea Nacional, se habló de la responsabilidad de la Guardia Nacional, pero nunca se anunció alguna imputación o detención, nunca se habló de Nelson Braca, quien era director del penal, un hombre sin ninguna formación penitenciaria, y además miembro de un colectivo del estado Lara.
Aunque Uribana es un penal que tiene medidas provisionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 2 de febrero del 2007, el Estado venezolano no rindió cuentas sobre esta masacre, ni sobre ningún hecho violento ocurrido en este penal.
Es característico del régimen venezolano no asumir sus responsabilidades ni hacer investigaciones objetivas e imparciales en búsqueda de la verdad. Los familiares de las víctimas deben ser reparados por el Estado, cuya responsabilidad es compartida (Ministerio para el Servicio Penitenciario, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial y Guardia Nacional Bolivariana), y los responsables tienen que ser puestos a la orden de la justicia.
Desde el OVP lamentamos profundamente que esta masacre continúe impune, pero recordamos que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones