José Daniel Timaure, de 34 años, está detenido arbitrariamente desde el 15 de octubre de 2024. En noviembre lo trasladaron al Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón, donde se encuentra actualmente.
Su hermana, María Crespo, denunció al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que durante la detención José Daniel ha presentado fiebre y hace sus necesidades con sangre. A pesar de que estuvo en la enfermería del penal para atender la infección de orina su diagnóstico no mejora, ya que todavía tiene ardor. También tiene frecuentes malestares estomacales.
“Nosotros pedimos que lo liberen porque él no cometió ningún delito y es injusto que esté preso. Ha perdido mucho peso, está flaquito”.
José Daniel fue detenido arbitrariamente en Carora, estado Lara, cuando se encontraba con su hija de tres años. Le imputaron los delitos de incitación al odio y terrorismo; es vinculado a las protestas poselectorales de julio de 2024, a pesar de que su aprehensión ocurrió casi tres meses después.
De acuerdo con el testimonio de su familiar, al hombre lo obligaron a grabar un video en el cual admitiera que participó en las protestas poselectorales y que a cambio le pagaron $50. “Lo golpearon mucho para obligarlo, tanto que hasta se orinó. Sin embargo, él aguantó los golpes hasta que lo amenazaron con su familia”.
Su hermana contó al OVP que enfrenta la detención de José Daniel sin apoyo de otros familiares y no puede viajar frecuentemente desde el estado #Lara hasta el penal de #Aragua para visitarlo, ya que debe trabajar para pagar la paquetería de él.
“Le envío el dinero a otros familiares que están en la cárcel de Tocorón y me hacen el favor de comprárselo allá, porque si trabajo no lo puedo visitar”.
Todavía quedan privados de libertad arbitrariamente por el contexto de las manifestaciones con diversos problemas de salud y con otro tipo de condiciones que no son atendidas por el Estado venezolano, a pesar de los continuos pronunciamientos internacionales y de las insistentes protestas de los familiares, quienes claman justicia, aunque los amenazan por alzar su voz.
OVP exige al fiscal y al defensor del pueblo que se aboque al clamor de los familiares, quienes tienen meses en lucha para visibilizar las irregularidades del sistema penitenciario que son ignoradas por los funcionarios del Estado venezolano. Asimismo, que atiendan los distintos problemas de salud que tienen los privados de libertad.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones