La convocatoria a elecciones, sin respetar la voluntad popular expresada el 28 de julio, evidencia que el Estado opera bajo una constitución paralela, distinta a la de 1999.
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El abogado y defensor de derechos humanos, Rafael Narváez, denunció la indiferencia del Estado ante la grave y creciente situación de pobreza y desigualdad que afecta al 80% de los hogares venezolanos. Atribuyó esta crisis a las políticas económicas del Ejecutivo, que han alimentado una hiperinflación descontrolada, con un dólar oficial y paralelo que no cesan de aumentar.
“El ruido estomacal se convierte en un clamor ensordecedor, llenando de angustia y desesperación a un pueblo que subsiste con salarios de 6 dólares y pensiones de 130 bolívares, frente a una canasta básica inalcanzable. Lo más alarmante es la indiferencia de los poderes públicos, que dan la espalda al sufrimiento de la gente“, afirmó Narváez.
El exparlamentario calificó esta situación como una “política de aniquilamiento del bienestar social y la calidad de vida“, diseñada para profundizar la desigualdad y perpetuar los privilegios de una élite, ignorando el delito de discriminación.
Finalmente, Narváez exigió al Estado que cese la represión y el encarcelamiento de ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a la protesta, consagrado en el artículo 68 de la Constitución.