Brasil enfrenta graves problemas de abastecimiento el domingo, en el séptimo día de huelga de camioneros contra el alza del precio del diesel, aunque el gobierno afirma que el país está “en camino a la normalización”. AFP
Para tratar de limitar los daños, las autoridades comenzaron el viernes a escoltar a camiones-cisterna para acceder a las refinerías, luego de que el presidente Michel Temer autorizara el despliegue de las fuerzas de seguridad, incluido el ejército, para despejar las rutas.
Según el último informe de la Policía federal de transporte, 586 rutas continuaban parcialmente bloqueadas en el país en la noche del sábado. Prácticamente todas las estaciones de servicio no disponían de combustible y los alimentos frescos desaparecían de las góndolas.
“Vamos en camino a la normalización (…) no es rápido”, dijo el ministro de Seguridad Institucional, Sergio Etchegoyen, en rueda de prensa.
Pero el tiempo apremia en este país que intenta salir de una recesión histórica, donde el 60% del transporte de mercaderías se realiza en camiones.
En los cinco primeros días de conflicto, la huelga costó más de 10.000 millones de reales (unos 2.800 M USD) a la economía brasileña, según el cotidiano Folha de S. Paulo, que copiló estimaciones de los principales sectores de actividad.
Universidades cerradas
Temer autorizó por decreto el sábado la requisa de vehículos privados “necesarios para el transporte de mercaderías consideradas esenciales por las autoridades”.
“Brasil no será rehén [de ningún sector] y el gobierno del presidente Temer está decidido a utilizar todos sus recursos para garantizar esto”, advirtió el ministro de seguridad pública Raul Jungmann.
La prioridad es dada a aeropuertos, termoeléctricas, reanudándose el abastecimientos de insumos en centros de salud, donde la paralización afectó el sistema de traslados para trasplante de órganos.
En Rio, el sistema BRT -buses articulados introducidos durante los Juegos Olímpicos de 2016 que transitan por carriles exclusivos- fue parcialmente interrumpido por falta de combustible. Líneas de autobuses en varios estados también habían dejado de funcionar en la mañana del sábado debido a la falta de abastecimiento, pero se reactivó en la noche, gracias a la llegada de camiones cisterna. El domingo operaban a 20% de su capacidad.
Las universidades públicas ya anunciaron que el lunes permanecerán cerradas.
En la mayorías de las grandes metrópolis brasileñas, solamente un servicio de emergencia de buses funcionaba el domingo a fin de ahorrar combustible para el lunes, cuando se reanude la jornada laboral.
En al menos ocho de los 27 estados del país, algunas estaciones de servicio comenzaban a ser reabastecidas, pero inmediatamente comenzaban a formarse filas kilométricas de vehículos.
La situación continúa siendo crítica en algunos aeropuertos: en 14 de ellos escasea el queroseno. El de Brasilia recibió los primeros camiones-cisterna en la tarde del sábado, pero en la mañana del domingo ya habían sido anulados tres vuelos.
Todos contra el gobierno
Pese a todos los inconvenientes, el movimiento de los transportistas es apoyado por buena parte de la población, que critica el manejo de la crisis por parte del gobierno de Temer, el presidente más impopular en décadas.
A menos de cinco meses de la presidencial de octubre, la huelga concita cierta simpatía, tanto de la derecha como de la izquierda.
Situado en segundo lugar en las intenciones de voto, el sulfuroso candidato de la extrema derecha Jair Bolsonaro, favorito de muchos choferes, se declaró “100% en favor de los camioneros”, pero contra el bloqueo de rutas.
Parlamentarios del Partido de los Trabajadores del expresidente de izquierda Luiz Inacio Lula da Silva, actualmente encarcelado por corrupción pero a la cabeza de los sondeos, también expresaron su apoyo a los transportistas, atribuyendo a la política del gobierno de Temer el incremento del precio del combustible.
El diesel registra fuertes aumentos recientemente, a causa del incremento de los precios del petróleo y de una nueva política comercial de Petrobras, que se alínea desde fines de 2016 con la cotización internacional.
Bajo la presidencia de Dilma Rousseff (2011-2016), delfina de Lula, los precios de los combustibles eran controlados por el gobierno. En 2016, la mandataria fue destituida por maquillar las cuentas públicas y sustituida por el conservador Michel Temer, su vicepresidente.
